La UCA advierte sobre la creación de “nuevos pobres” y la "herencia" recibida en la Argentina

 

Un nuevo informe del Barómetro de la Deuda Social de la UCA advirtió al Gobierno de Mauricio Macri sobre la falta de "protección social" ante las medidas adoptadas en ocho meses de gestión, al tiempo que le atribuye la creación de "nuevos pobres" y le pide "una distribución socialmente más equitativa de los costos del ajuste y de los recursos disponibles".

Con el título: "Tiempo de balance: deudas sociales pendientes al final del Bicentenario. Necesidad de atender las demandas del desarrollo humano con mayor equidad e inclusión social", el estudio se presentó en el campus Puerto Madero de la UCA por el rector de la casa de estudios, monseñor Víctor Manuel Fernández; y el director de investigación del Observatorio de la Deuda Social, Agustín Salvia, con comentarios de José Nun, María del Carmen Feijoó y Daniel Arroyo.

Con la coordinación de Salvia, el equipo de la UCA relevó información de la situación social del país entre el 2010 y el 2015, es decir, los últimos cinco años del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y lo difundió hoy como un "diagnóstico cierto de la efectiva situación social heredada" por la administración de Mauricio Macri y los "urgentes desafíos" que se plantean.

Salvia explicó que el informe permitió establecer que, entre diciembre y abril último, el número de pobres aumentó en un 1,4 millones y que "más de 400 mil personas se encuentran en estado de indigencia", en un contexto en el que –resaltó: "Los programas sociales fueron un buen cinturón de seguridad", para los sectores más desprotegidos.

El documento establece un equilibrio entre "los graves errores cometidos en materia de política socioeconómica" de los últimos años que, según Silva, no contribuyeron a erradicar la "pobreza extrema" (que afecta a cuatro millones de personas) y los "costos sociales que están generando las medidas de ajuste importante durante los últimos meses".

Sobre el final, concluyó que el estudio advirtió que "no cabe esperar un derrame social sin un modelo que integre subsidiariamente al sistema socioproductivo moderno y eleve la productividad de los sectores informales, protegiendo los derechos de los trabajadores".

En una detallada síntesis, Silva resaltó como objetivos "imprescindibles para no profundizar la brecha de pobreza", que las capas sociales más postergadas accedan a la "seguridad social y a programas de transferencias de ingresos".

Del estudio se desprende que entre 2010 y el 2015 "mejoró el empleo decente" para la franja de trabajadores con mejor condición laboral, que agrupa al 43% del total de personas con capacidad laboral plena en los centros urbanos, de acuerdo con un relevamiento sobre 5700 hogares y 14 mil entrevistados en 20 ciudades/localidades, según informó Télam.

En la introducción, se destaca que el Gobierno de Macri busca "soluciones más estructurales en la lucha contra la pobreza a través de un régimen de mayor libertad económica y seguridad jurídica, a partir de lo cual confía en lograr un derrame de inversiones, empleo y bienestar", y considera que se adoptaron medidas de alivio para atravesar la "tan inevitable como dolorosa transición" pero que, por lo general, se adoptaron "de manera tardía".

Entre esas medidas resalta el aumento en las prestaciones por jubilación y pensión, programas sociales y asignaciones familiares; decretos de transferencias extraordinarias; reducción del mínimo no imponible de ganancias; ampliación de las tarifas sociales; adelantamiento del consejo del salario mínimo; mantenimiento del sistema de precios cuidados; mejoramiento de los servicios públicos; reducción parcial del IVA a los alimentos para beneficiarios de programas sociales y jubilados.

En ese marco, advierte que "el mayor riesgo social no sólo lo está experimentando la población más vulnerable que depende de la ayuda social", sino también los "millones de hogares que fundan su subsistencia en trabajos precarios, pequeños comercios y trabajadores eventuales", quienes, según señala el informe, no recibieron una "especial protección social frente a la actual fase de caída del consumo, aumento de los precios y mayor riesgo de despido o caída de la actividad".

El informe indica que a este segmento de la población "no llegan los aumentos por paritarias, ni las tasas de interés favorables, ni las tarifas sociales, ni el salario familiar, ni los aumentos en los programas sociales" y considera a esta "masa de segmentos vulnerables de clase media baja o sectores populares" como los "‘nuevos pobres” que emergen de medidas normalizadoras adoptadas por el actual Gobierno".

Asimismo, se reconoce que el Gobierno necesita "tiempo" para que la economía comience a crecer, pero advierte que "muy poco se logrará al respecto si durante este duro tránsito no hay una distribución socialmente más equitativa de los costos del ajuste y de los recursos disponibles".