El Gobierno provincial inició una acción penal contra Claudio Poggi
La gestión de Alberto Rodríguez Saá denunció al exgobernador de la Provincia por los delitos de violación de los deberes de funcionario público y estafas al Estado. Fiscalía de Estado cuestionó el trámite de escrituración de terrenos que se destinaron a la construcción de dos barrios en las localidades de La Toma y Justo Daract, durante la gestión que concluyó en 2015.
La presentación que se formalizó en el Juzgado de Instrucción en lo Penal N° 2 el pasado viernes, a través de Fiscalía de Estado, también alcanza al exministro de Hacienda y Obras Públicas, Néstor Ordoñez.
La denuncia no es un hecho aislado. La gestión de Rodríguez Saá inició en diciembre una embestida en varios frentes contra Poggi, responsabilizándolo de haber entregado la administración con “un déficit presupuestario de mil millones de pesos”. Hace pocas semanas, quien fue a la Justicia fue el exministro Ordoñez para denunciar “por falsedad ideológica” al actual Contador General de la Provincia, Daniel Marone, por la posible manipulación del balance de las cuentas de inversión.
El abogado de la Sala Penal de Fiscalía, Hugo Scarso, confirmó esta mañana la radicación de la denuncia penal y señaló que pidió la investigación de la actuación de dos escribanos en la escrituración de los terrenos en los que se edificaron los barrios de 96 viviendas, en Justo Daract, y de 118 viviendas, en La Toma. En ambos casos, las empresas que edificaron los complejos habitacionales aportaron los terrenos, porque fue un requisito exigido en los llamados a licitación.
“Se ha obviado la participación obligatoria por Ley de la Escribanía General de Gobierno, y el Estado provincial terminó pagando en concepto de escrituración, cuando el trámite debería haber sido absolutamente gratuito”, explicó el abogado de Fiscalía de Estado.
Los escribanos que intervinieron fueron Andrés Camargo, quien habría cobrado $331.000, y Lucrecia Soria. La Fiscalía promovió que se investigue sus conductas.
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“En primer término, se violentó la Ley de Escribanía de Gobierno, ya que esa escritura de la licitación de La Toma fue hecha por un escribano particular de Quines, en donde se abonaron $331.000, lo que causa un perjuicio patrimonial del Estado provincial”, explicó el abogado durante una conferencia de prensa.
En esa línea señaló que “esos $ 331.000 no son racionales, para eso está la Ley de Escribanía de Gobierno, porque presupone que la participación de Escribanía de Gobierno es obligatoria y, segundo, está entendido que hay gratuidad en el tema escrituración”.
Por otra parte, consideró que existe un “modus operandi” en el tema. Al respecto, indicó: “La mayoría de las escrituras de licitaciones se han realizado por escribanos particulares y se ha obviado a Escribanía de Gobierno”, y comentó que actualmente tiene entre seis y ocho casos en estudio. “Son otros casos con participación de escribanos con matrículas particulares”, manifestó. Y agregó: “Un escribano dentro del departamento Pueyrredón y una escribana del departamento Pedernera, son quienes han tenido mayor participación en el tema”.
Asimismo, Scarso sostuvo que estos hechos datan del año 2014 en adelante, pero que los mismos han ido de menor a mayor: “Estamos hablando del año 2014 en adelante, pero estoy visualizando una catarata de situaciones que son mayoritarias en el año 2015, fundamentalmente cerca de la finalización del mandato”.
Con respecto a los delitos por los cuales se acusa a Poggi y Ordoñez, el abogado de Fiscalía de Estado afirmó: “Todo lo que es la línea en estafa a los bienes del Estado, violación a los deberes de funcionario público y lo más preocupante es lo de Justo Daract, porque en este tema, que es una licitación, se encontró la hoja protocolar de la escribana en Escribanía de Gobierno”.
“Ese barrio no está escriturado a nombre del Gobierno de la Provincia, por eso se ha solicitado en el juzgado una medida cautelar, para que el titular de la matrícula no pueda disponer de ese inmueble hasta tanto no se logre, por parte del Estado provincial, la escrituración a nombre del Gobierno”, dijo.
“Si no tenemos escritura como Gobierno de la Provincia, no podemos escriturar. La primera medida es bloquear dominialmente el tema”, dijo Scarso, quien consideró que “esto fue una desprolijidad por apresuramiento” y que “la parte delictual es un tema de los juzgados de instrucción, pero hay un apresuramiento desmesurado, un apresuramiento que lleva a este tipo de situaciones”.