Viviendas: El Gobierno cargó contra la gestión anterior, empresarios, exfuncionarios y escribanos

La funcionaria que se desempeña como interventora hizo una auditoria en junio al iniciar su gestión al ser designada por el gobernador Alberto Rodríguez Saá para suceder a Miguel Gutiérrez Díaz. Puso toda la atención en el período que gobernó Claudio Poggi.

El exgobernador viene cuestionando desde la finalización de su mandato las medidas adoptadas por el nuevo gobierno. Las ubicó en el marco de su decisión política de fundar un espacio político a raíz del rumbo que adoptó la gestión de Alberto Rodríguez Saá. Más de una vez, Poggi denunció que la actual administración “tiene de rehenes a miles de familias” al no entregarles las casas porque fueron construidas en su gestión. El actual diputado nacional sostiene que “todo lo que tiene olor a Poggi, el actual gobierno lo quiere destruir”.

Con todo, Gutierrez de Gatto se concentró en los planes creados entre 2011 y 2015. Las declaraciones de la funcionaria se produjeron en un momento que hay casi dos mil viviendas sin entregar y adjudicatarios que manifiestan la creciente necesidad de habitarlas.

Dijo que encontró irregularidades en los planes Solidaridad, Progreso y Sueños. Hubo casas que fueron adjudicadas y no son habitadas, otras que fueron entregadas a funcionarios de la gestión anterior “sin respetar el orden de prioridad de los inscriptos” y situaciones como la compra por parte de empresarios, citó a Carmelo Aiello.

Plan Solidaridad. De los 33 municipios que firmaron convenios, solamente 5 terminaron las casas. “Se encararon 871 casas, de las cuales se finalizaron 498, y 373 están sin terminar. Tuvo muchas irregularidades el plan: la calidad edilicia, comienzan por autoconstrucción, luego se genera un decreto por el cual se permite hacer contrataciones directas hasta el monto de dos millones quinientos mil pesos y sin que haya ningún instrumento, se cambia la modalidad de la autoconstrucción y se contrata a empresas”, dijo la funcionaria en su descargo.

Gutierrez de Gatto sostuvo que hasta el momento se ha afectado a “las casas que aún están sin terminar” la suma de  $213.693.217.

Viviendas sin habitar. Se hicieron 468 auditorías en localidades como Villa Mercedes, Quines, Luján, Merlo, Juana Koslay, la ciudad de San Luis y San Francisco. De ese total, en 75 casas fueron atendidos por los titulares, el resto se inició el proceso de desadjudicación: “Ya se firmaron 34 decretos de desadjudicación, para que el gobernador readjudique esas casas a quien realmente las necesite”, indicó la funcionaria.

Otros relevamientos arrojaron como conclusión: “En Quines, sobre 20 casas que constatamos y verificamos, 19 estaban vacías. En Luján, sobre 10 había 6 vacías; y lo mismo en San Francisco; dejamos una cédula para que hagan su descargo”.

La funcionaria consideró que hubo una falla en los controles y en las adjudicaciones: “Sobre esto vamos a ser muy inflexibles. Estamos trabajando y se va a hacer ahora teniendo ya el panorama de cuál es la mecánica en una forma mucho más masiva, pero siempre tratamos nosotros de ver, constatar y hablar con los vecinos, que por suerte colaboran muchísimo y ellos nos van indicando y nos dan datos”.

“Aiello tienen diez viviendas sociales”

Gutierrez de Gatto dedicó un capítulo especial a uno de los empresarios más conocidos e importantes del medio. Se trata del propietario de la cadena de supermercados, Carmelo Aiello.

“Desde el punto de vista moral es absolutamente reprochable”, reprochó Gutierrez de Gatto al apuntarle sin vueltas a la familia del empresario

“Desde el punto de vista jurídico, las casas escrituradas estarían fuera de la órbita del Estado. Digo en principio, porque he girado las actuaciones a Fiscalía de Estado, porque entiendo que se ha violado el espíritu y el fin de la vivienda social. Es el caso de la familia del señor Carmelo Aiello, su esposa Susana Anzulovich y cuatro integrantes de su familia, donde detectamos que tienen 10 viviendas sociales. Todas esas casas están escrituradas en el lapso entre el 2013 al 2015. Tiene una casa en La Punta, manzana 20, módulo 7; en el Barrio 122 viviendas; en el Barrio 121 Viviendas en Los Paraísos; en el Barrio Amppya; en el Barrio Juan Gregorio Vivas; Barrio 102 Viviendas, Barrio 98 Viviendas; Barrio Los Eucaliptus, Barrio 134 Viviendas y Barrio 134 Viviendas”, especificó.

“Las 10 viviendas figuran a nombre de Susana Olga Anzulovich, quien tiene las propiedades 7, 8 y 9 que nombré, Eduardo Carmelo Aiello 4, 5 y 6, y Fernando Daniel Aiello la 2, 3 y 10. Las casas están compradas, las alquilan, viven de rentas de esas casas. Todas están escrituradas, por eso me dicen que como están escrituradas, en principio estarían fuera de la órbita del Estado. Todas son compradas en distintas épocas y escrituradas entre el 2013 y 2015”, dijo en otro momento.

“Hay una que llama poderosamente la atención, de la cual tengo toda la documentación porque hemos verificado y tenemos toda la matrícula del registro de la propiedad, y esto está totalmente verificado. Hay una casa que se escritura a nombre del adjudicatario –y voy a dar una fecha X- el X de octubre de 2015, escritura 244, y ese mismo x de octubre de 2015, escritura 245, por el mismo escribano, está escriturada a nombre de Susana Anzulovich. O sea, escritura correlativa en el mismo día, en el mismo momento y a la misma hora”, puntualizó.

“Funcionarios a los que se les adjudicó viviendas”

Gutierrez Gatto denunció que funcionarios provinciales resultaron beneficiados con viviendas construidas por el estado. Individualizó a  Nilda Clementina Aranda; Yanina Vanesa Faes; Luis Damián Gil; Cristian Javier Gutiérrez; Juliana Martina Lucero; María Andrea Olmos; Karina Tatiana Orozco Moyano; Diego Fernando Pacheco; Diego Sebastián Pagella; María Cristina Pérez; hijos de María Cristina Quinteros; Diego Marcelo Rodríguez; Lara Jorgelina Ronco Della Puppa y Edgar Humberto Toledo, según el listado que publicó la Agencia de Noticias San Luis.