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 Un diputado denunció ante el INADI al gobernador Rodríguez Saá

Alejandro Cacace hizo la presentación ante el organismo nacional por considerar que el proyecto de ley de creación del Registro de Empleo Puntano contiene disposiciones “de carácter xenófogo, discriminatorio y flagrantemente inconstitucional”.

El diputado Cacace quiere que el INADI intervenga para que la iniciativa no prospere.
Actualizada: 04/11/2016 23:12
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El legislador de Cambiemos hizo la presentación este viernes ante el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo con la intención de que el Gobierno provincial no avance con la iniciativa.

El proyecto de ley, que fue impulsado y presentado en la Cámara de Senadores por el gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Saá, ha generado opiniones encontradas. Se trata de una iniciativa que pretende cobrar un impuesto a los empleadores por cada trabajador que sea nacido fuera de la provincia o tenga una residencia menor a 5 años.

“Es explícitamente inconstitucional, ya que genera una discriminación basada en el origen extraprovincial de los empleados, que son todos argentinos, iguales ante la Ley y los ojos de la Constitución”, asegura Cacace en su denuncia, donde además lamenta que el mismo tiene posibilidades de convertirse en ley por la mayoría que ejerce el oficialismo en el poder legislativo provincial.

En el documento, el diputado expone que “la política de la puntanidad del gobernador está alcanzando tintes xenófobos, donde directamente se distingue y discrimina entre argentinos, que somos todos parte de una misma Nación”.

Cacace solicitó la intervención del organismo nacional para “detener estos atropellos contra la Constitución de sesgo xenófobo y discriminatorio” e instó al gobierno provincial a desistir “de impulsar la iniciativa legislativa”.

Resaltó que la iniciativa del primer mandatario es “discriminación”, y lo fundamenta con lo que establece la Constitución en su artículo Nº 8: “Los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás”.

Reforzó sus argumentos apelando al artículo Nº20 de la Constitución nacional: “El derecho a trabajar y a ejercer industria lícita, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias…”.

“San Luis es un pago tranquilo y de buenos amigos. Eso significa que respetamos a nuestros vecinos, somos hospitalarios, buscamos el entendimiento con nuestros compatriotas. San Luis debe seguir simbolizando la tolerancia, la diversidad y el entendimiento. Debemos impulsar más que nunca la unión entre los argentinos y no tomar medidas que sean excluyentes, negativas y discriminatorias”, concluyó en su escrito.

Cacace tuvo en cuenta además el artículo 4 de la Carta Magna provincial que impone que “el gobierno y la sociedad sanluiseña basa su acción en la solidaridad, democracia social, igualdad de oportunidades, ausencia de discriminaciones arbitrarias, plena participación política, económica, cultural y social de sus habitantes, y en los principales éticos tradicionales, fieles a nuestro patrimonio cultural”.

Al mismo tiempo, se basó en el artículo 16 que prevé que “todos los habitantes tienen idéntica dignidad social y son iguales ante la ley, sin distinción de sexos, origen étnico, idioma, religión, opiniones políticas y condiciones sociales, no existiendo fueros personales, ni títulos de nobleza”.

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