Pablo Lanusse: “Hay una persecución del Gobierno utilizando el Poder Judicial”

Pablo Lanusse, fue designado por el exgobernador para asumir su defensa junto al letrado Ricardo Endeiza.

“Hay una persecución política dispuesta desde las altas autoridades de esta Provincia utilizando obviamente el aparato judicial, pero hasta hoy debo ser honesto, el Juzgado demostró un criterio de mucha prudencia y responsabilidad institucional”, observó para señalar que Poggi les dio mandato para “colaborar en todo con la justicia”.

En su paso por Tribunales esta mañana presentó “un pedido de pruebas para que el juez requiera más de 15 escrituras de las administraciones de los hermanos (Alberto y Adolfo) Rodríguez Saá”.

Esta mañana el exsecretario de Justicia de la Nación dialogó con los medios, en el marco de las denuncias que impulsó el gobierno de Alberto Rodríguez Saá en contra de Poggi, acusándolo de fraude político e incumplimiento de los deberes de funcionario público en la adquisición de terrenos para viviendas sociales en La Toma y Justo Daract.

Lanusse sostuvo que  “esta denuncia es parte de una campaña que tiene una clara finalidad de proscripción en su perjuicio”.

Tuvo en cuenta que “el Estado sólo hizo la denuncia y demoró un mes en ratificarla, sin perjuicio de lo cual durante ese tiempo intentó desacreditar a Poggi”.

“La Provincia ha demorado más de un mes en ratificar la denuncia”

“Vamos a demostrar que quieren imputarle al exgobernador Poggi como delito algo que es una práctica absolutamente lícita, regular, conforme a derecho, y que los mismos hermanos llevaron a cabo durante años anteriores”, sostuvo Lanusse.

Al mismo tiempo expuso “no me extrañaría incluso que encontremos escrituras, en las que tal vez esté involucrado algún escribano adjunto vinculado al Gobierno que ha promovido esta denuncia”.

“Es absurda la denuncia penal, intentan desacreditar la figura pública”

Abundó en las acusaciones en contra del líder de Avanzar: “La denuncia intenta forzar el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en cabeza del exgobernador, señalando que se omitió la intervención de la Escribanía General, lo cual no es cierto porque el organismo intervino en las licitaciones siete de La Toma y seis de Justo Daract, como también en el trámite de los terrenos”.

En este sentido, agregó: “Lo más significativo del caso es que también se lo pretende denunciar por un inexistente delito de fraude en perjuicio de la Provincia”.

Lanusse recordó que  “en las anteriores administraciones de los Rodríguez Saá hicieron absolutamente lo mismo e incluso a través de decretos firmados en los años 1995 y 1996, cuyos antecedentes también hemos solicitado al juez que requiera para agregar a la causa”.

Se añadió a la investigación el testimonio del tesorero General de la provincia, Eloy Horcajo, quien “reconoció que la licitación seis de los terrenos de Justo Daract, se pagó dos millones el 15 de enero de 2016, fecha en la que Poggi ya no era gobernador de San Luis”. Es decir, indicó Lanusse “el actual Gobierno que denuncia a Poggi, se ocupó de pagar lo que justamente cuestiona”.

“Llegamos a la conclusión de que estamos frente a un absurdo ejercido por el poder político, y cuando se canaliza a través de una denuncia penal contra un opositor, estamos en presencia de una persecución política con fines de proscripción”, afirmó.

Para Lanusse estas “conductas no hacen más que demostrar la pérdida de rumbo, en un momento que la sociedad argentina quiere para el futuro, la unidad y el camino de la pluralidad”.

Por otro lado, se refirió al desempeño del Colegio de Escribanos: “Seguramente  informará que cualquier escribano particular de esta provincia, puede intervenir en cualquier acto en el que deba dar fe, aun cuando la provincia sea contraparte, en esto quiero ser enfático”.

En esa misma línea, consideró que “es muy triste que uno deba defender a una personalidad pública de esta provincia por persecución en la cual está involucrado el actual Gobierno que no escatima en involucrar a escribanos y poner en tela de juicio la credibilidad del Colegio de Escribanos”.

“Si el Gobierno de la provincia es capaz de promover tristemente una persecución política de esta envergadura contra un exgobernador, que hoy representa al pueblo, hay que pensar que lo pueden contra cualquier ciudadano común que no tiene posibilidades de defenderse”, indicó.

Lanusse advirtió que “se pretende impedir que la sociedad de San Luis tenga la posibilidad de elegir a sus mejores candidatos”. Y concluyó señalando que “la mejor sanción que recibirá el Gobierno provincial será el próximo año en las elecciones”.