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ONU reclama medidas urgentes para la protección de las mujeres en Argentina

El Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer llamó la atención sobre el aborto legal, la paridad de género, la violencia y la situación de los migrantes, informó Tiempo Argentino.

El Comité de Naciones Unidas presentó las observaciones finales sobre diferentes puntos relevantes que hacen al corazón de la problemática de la mujer en la sociedad argentina.
Actualizada: 19/11/2016 18:49
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Amnistía Internacional presentó un informe ante el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer de la ONU por la situación de los Derechos Humanos de las mujeres en Argentina. Las conclusiones de la entidad se basan en datos presentados por el Estado nacional y por diversas organizaciones no gubernamentales.

Mariana Beski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina expresó: “La violencia contra las mujeres –que se manifiesta a través de la denegación de derechos sexuales y reproductivos, la discriminación, las muertes evitables- son parte de un contexto local que exige una respuesta urgente por parte del Estado. Nuestro país tiene claras obligaciones de proteger y garantizar los derechos de las mujeres, pero los progresos en la erradicación de la violencia no son ni lo bastante importantes ni lo bastante integrales. Es preciso que el gobierno preste atención a estas recomendaciones. La vidas de miles de mujeres están en riesgo”, concluyó.

El viernes 18, el Comité de Naciones Unidas presentó las observaciones finales sobre diferentes puntos relevantes que hacen al corazón de la problemática de la mujer en la sociedad argentina, como el aborto legal, la paridad de género, la violencia de género, las migrantes, entre otros, según consignó Tiempo Argentino.

Aborto legal

El Comité manifestó especial preocupación por los elevados índices de mortalidad materna en el país, adjudicándolos en parte a los abortos practicados en condiciones de riesgo. Frente a esta situación emitió una serie de recomendaciones y tomar medidas para reducir la tasa de mortalidad materna. Así, menciona el derecho de garantizar que las mujeres tengan acceso a abortos legales y seguros y a servicios post-aborto; establecer criterios estrictos para evitar la utilización de la objeción de conciencia con el objetivo de restringir derechos; llevar adelante procedimientos adecuados para lograr que todas las provincias adopten protocolos que garanticen el acceso al aborto no punible de acuerdo con el “Protocolo Nacional para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”; entre otras recomendaciones.

Igualdad de género

Respecto de la problemática de paridad de género, las especialistas mostraron preocupación sobre la desigualdad estructural entre varones y mujeres. En este sentido, pidieron garantizar la representación de todas las mujeres, incluidas indígenas, afrodescendientes, migrantes, ancianas y con discapacidad en los diferentes ámbitos; aprobar los proyectos de ley para garantizar la paridad en los cargos legislativos; tomar las medidas necesarias para mitigar la sub-representación de la mujer en el Poder Ejecutivo y los sindicatos.

Violencia de género

En relación con la violencia de género, los altos índices de femicidios y el contexto de violencia de género, las recomendaciones. Asignar recursos para la aplicación del Plan de acción nacional para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer y la asistencia a las víctimas (2017-2019); aumentar los escasos recursos humanos, técnicos y financieros para fortalecer el trabajo del Consejo Nacional de la Mujer y promover la coordinación permanente entre el Consejo Nacional, las Oficinas Provinciales y Municipales de la Mujer, estableciendo líneas claras de trabajo coordinado en materia de igualdad de género.

Personas refugiadas y migrantes

Según la opinión del Comité, Argentina no tiene programas destinados a la integración social y económica de las mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. En consecuencia recomendó que se implemente la Ley de Refugiados 26.115 (2006) y el desarrollo de programas para que las mujeres refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes tengan acceso a la educación, empleo, la protección social y la atención sanitaria.

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