Las empresas que contraten trabajadores de otras provincias pagarán un impuesto
Las cámaras de Diputados y de Senadores en un mismo día aprobaron y convirtieron en ley el Proyecto de Registro de Empleo Puntano.
En Diputados que fue la cámara de origen por la naturaleza del proyecto hubo un prolongado debate. Apenas logró sancionarlo, lo despachó al Senado que en un trámite exprés le dio fuerza de Ley este miércoles poco antes de la medianoche.
Así la idea del gobernador Alberto Rodríguez Saá cobró entidad de norma a las 23:35, casi al límite de la expiración del período de sesiones ordinarias.
El cuerpo compuesto íntegramente por representantes de Compromiso Federal, dio sanción definitiva a la ley que dispone que todo empleador deberá abonar una tasa mensual del 10% del salario bruto por cada trabajador que no sea de San Luis y tenga menos de cinco años de residencia.
La presidenta de la Comisión de Salud, Trabajo y Seguridad Social, Mabel Leyes, en su condición de miembro informante, pidió el apoyo de la bancada y argumentó los motivos por los cuales debía aprobarse la medida.
En su alocución explicó que debido a la situación de que personas de otras provincias llegaban a San Luis en busca de trabajo, ésto “motivó al Gobierno provincial a crear el Registro de Empleo Puntano”.
La senadora indicó que la medida “no solo protegerá la fuente de trabajo de los puntanos, sino que facilitará a los profesionales y técnicos que egresen de las universidades de San Luis en su incorporación al mercado laboral en la jurisdicción provincial”.
Sobre las manifestaciones de algunos diputados de la oposición, Leyes definió preocupante que no apoyen la medida impulsada por el gobernador Rodríguez Saá. Cuestionó que “no entiendan el concepto de puntanidad, en especial el bloque de Cambiemos que votó por la negativa del proyecto. Ellos anteponen la bandera política ante el bien común”.
En la Cámara Baja, Compromiso Federal con el respaldo de su aliado Frente para la Victoria, fue aprobado por mayoría el proyecto en una extensa sesión. Fueron 23 votos a favor y 15 en contra. De inmediato lo despacharon al Senado.
En una maratónica sesión, la Cámara Baja aprobó el REP por 23 votos a favor y 15 en contra.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Luis Martínez expuso los fundamentos del oficialismo provincial.
En el mismo sentido se expresaron sus pares Compromiso Federal, Carmelo Mirábile, Augusto Alume, Alfredo Domínguez, Mónica Fernández, Norma Villegas, Mirtha Ochoa y Lucrecia Santos. También fijaron posición José Escudero por bloque Unipersonal y Daniel González Espíndola por Frente para la Victoria.
Las voces opositoras por Cambiemos fueron Alejandro Cacace y Fidel Haddad. Sergio Guardia e Ingrid Blumencweig por bloque Avanzar San Luis, Raúl Laborda por Nuestro Compromiso y Pablo Zamora, y Verónica Cuasi por Mercedinos por el Cambio. Juan Larrea junto a su par Sonia Delarco de Nacional y Popular también lo rechazaron.
Martínez, argumentó que la norma se basa en la necesidad de “regular los bienes escasos como lo es el trabajo en San Luis, y que los puntanos tengan acceso a esa fuente de trabajo con un criterio objetivo”.
El legislador dijo que si los empresarios prefieren a empleados de afuera, les pedimos que “contribuyan con los servicios básicos que nosotros otorgamos sin ningún tipo de discriminación”.
González Espíndola, quien apoyó desde un principio la medida, dijo que lo que propone el Gobierno provincial busca “proteger a los trabajadores locales”. Además, afirmó que con el REP las personas que elijan vivir en la provincia, dentro de unos años estarán protegidos por la ley. “Es una norma que alienta a que se siga produciendo en San Luis y que no se cierren las empresas”, argumentó.
Cacace, señaló que la propuesta “presenta una enorme distancia con los valores constitucionales”. Utilizando como ejemplo a la Constitución Nacional, dijo que “no se respeta la idea que marca el preámbulo, que es para todos los que quieran habitar suelo argentino, los derechos no rigen por su nacionalidad sino por el solo hecho de ser humanos”.
El presidente del bloque, consideró de inconstitucional a la medida y señaló que “todos tenemos los mismos derechos en cualquier lugar del país”. “Consideramos que este ley es racista, xenófoba, discriminatoria y profundamente inconstitucional”, indicó.
“Creemos que este proyecto puede llegar a incurrir en una crisis social, y dará lugar al trabajo en negro”, indicó Sergio Guardia de Avanzar.
Guardia explicó que el Gobierno provincial debe generar políticas diferentes y ayudar a los que decidieron vivir en San Luis. “Muchas familias vinieron por esa paz social, por eso hay que apoyarlos y generar oportunidades”, concluyó.
Zamora, afirmó que la medida que impulsa el gobernador “no es la correcta” porque alienta al trabajo no registrado. "Es una ley que va a tender a la informalidad del empleo, porque cuando se incrementan los costos a los empleadores, tomarán gente de afuera y negociarán directamente un salario bajo, el cual pagarán en negro y nadie resguardará a ese empleado”, afirmó.
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