Madres y esposas siguen cuestionando el traslado de internos a la cárcel de Pampas de las Salinas
Todavía hay un grupo de familiares que sigue reclamando por el traslado de algunos procesados al Complejo Penitenciario Pampas de las Salinas, vecino al paraje La Botija. Son madres y esposas que se resisten a viajar 210 kilómetros los días de visita y que no se cansan de pedir que los traigan nuevamente al Servicio Penitenciario de la capital sanluiseña.
Este lunes, Mirta Funes (madre de Ángel Daniel Magallanes) y Verónica Gil (esposa de Carlos Alberto Escudero) se entrevistaron con el director del Servicio Penitenciario Provincial, Ernesto Sáez, para intensificar su pedido. “Les volvimos a explicar cuál es la situación y los motivos, y creo que con el correr de los días lo van a entender, porque todo lo que hace el Servicio siempre es para bien”, destacó el funcionario.
Insatisfechas con la reunión, las mujeres decidieron dialogar con todos los periodistas que ese día participaron de las actividades de puertas abiertas que organizó la institución. “No llegamos a ningún acuerdo. Nosotras no lo entendemos a él y él no nos entiende a nosotras. No estoy pidiendo que le den la libertad, solo quiero que lo traigan otra vez acá”, pidió llorando la mamá de Magallanes, procesado por robo.
“Creemos que se los llevaron por represalias a nosotras que somos las que más salimos por radio y televisión”, agregó la mujer.
La esposa de Escudero, también procesado por robo, recordó que los reclamos se iniciaron en la Justicia para pedir que se aceleren las causas a partir de la huelga de hambre que iniciaron casi un centenar de internos en la Unidad de Procesados Mayores. Y que también apuntaron contra la Penitenciaría exigiendo mejores condiciones para vivir. “Me dicen que se lo llevaron porque es conflictivo, y eso no es verdad, revisen sus antecedentes. Hace dos años y dos meses que está acá y las celdas que ocupó, las dos estaban igual de rotas. Acá la culpa siempre la tienen los detenidos. Yo tengo seis hijos, no sé cómo hacer para trasladarme hasta allá”, aseguró la mujer.
En los dos casos, el pedido de regresarlos atiende a cuestiones de lejanía y ambas aseguran no tener los medios para trasladarse hasta el lugar donde se toma el micro que las trasladaría hasta la cárcel de Pampa de las Salinas.
Sáez confirmó que días atrás se concretó el traslado de seis internos procesados mayores por dos motivos fundamentales: la sobrepoblación de la Unidad y las características de conflictividad que presentan. “Esto no quiere decir que el número de internos que vayamos a trasladar en el futuro sea mayor, porque de hecho estamos trabajando en un proyecto de ampliación tanto de la Unidad 2 como de la Unidad 3. Este año hemos tenido un aluvión de interno, alrededor de 300 ingresos”, contó el funcionario.
Si bien el traslado tiene que ver con cuestiones operativas, también aseguró que para seleccionar los internos se tuvieron en cuenta la conducta, la conflictividad y las posibilidades que esos comportamientos pudiera repercutir en la alteración del orden en la Unidad de Procesados.
Según Sáez, el traslado de los internos no está relacionado con los últimos conflictos que se registraron en el mismo pabellón donde los internos protestaron y quemaron colchones. “Ya veníamos evaluando esta posibilidad. La ley 24.660 y sus reglamentaciones nos da la facultad de determinar el régimen de alojamiento de los internos. Hoy, debido a la sobrepoblación de la Unidad 2 era conveniente tomar esta medida, y también por una cuestión de cuidar la armonía la convivencia y resguardar la integridad física d algunos internos”, agregó.
También dijo que la decisión tomada no agravará “en lo más mínimo” las condiciones de alojamiento en Pampas de las Salinas, sino todo lo contrario: “Están mucho mejor, con todas las condiciones, mismas posibilidades de esparcimiento y régimen de visita a partir del 25 de diciembre y a lo largo de toda la estadía que puedan a llegar a tener allí”.
Los internos trasladados, según puntualizó, tienen en su haber reincidencia en su conducta delictual y conflictualidad alta. “Hemos decidido lo mejor para ellos. Allá van a tener como acá la posibilidad de asistencia psicológica, la escuela, el deporte, la ayuda espiritual y todo el apoyo por parte del personal”.
Sobre el problema de huelga de hambre, Sáez confirmó que actualmente son 7 los internos que aun no desisten en su decisión (4 en San Luis y 3 en La Botija) de seguir reclamando para que la Justicia acelere sus causas y reciban la condena.