Un caso en el que se interesó el Gobierno, sirvió de argumento para pedir otra vez la excarcelación de Lorenzetti
El asesor letrado del suspendido intendente de La Calera, Carlos Salomón formalizó un nuevo pedido de libertad provisoria para su cliente que está acusado de matar a su esposa Romina Aguilar. Esta vez, tuvo en cuenta el caso de una joven boliviana recientemente dejada en libertad que acusada de matar a su beba. El Gobierno provincial intervino en la causa a través de la secretaría de la Mujer #NiUnaMenos.
Diego Lorenzetti está preso en el Servicio Penitenciario Provincial, acusado de ser el que planeó la muerte de su mujer, Romina Aguilar, el pasado 30 de enero.
Según el expediente judicial que tramita en el Juzgado Penal N º1, a cargo del juez Sebastián Cadelago Filippi, Leandro “El Bocón” Vilchez y Edivaldo Oliveira Pereira, fueron los autores materiales del asesinato.
A 50 días de cumplirse un año de la muerte de la esposa del suspendido intendente, su asesor letrado, Carlos Salomón solicitó que se lo libere. En los fundamentos hizo una comparación con el proceso de un caso de actualidad que se dio en el juzgado Penal de Concarán.
Se trata de la reciente excarcelación de Dionisia Panozzo, una mujer de nacionalidad boliviana acusada de asesinar junto con su esposo a su beba de 8 meses aproximadamente hace dos años.
Panozzo se encontraba presa, pidió hablar con la titular de la secretaría de la Mujer #NiUnaMenos, Adriana Bazzano. Le dijo que se encontraba “sola, aislada” y que no recibía la visita de familiares en la Penitenciaria.
La titular del organismo, emprendió un viaje al país limítrofe para localizar a los parientes de la imputada, quienes posteriormente arribaron a San Luis y fueron recibidos por el gobernador, Alberto Rodríguez Saá.
Tras la intervención, la muchacha adquirió el beneficio de esperar el día de su juicio en libertad dentro de un domicilio "bajo la asistencia del Gobierno provincial", y el servicio gratuito de dos abogados otorgados por el organismo, Andrés Fernández y Diana Bernal.
Antes, el titular del juzgado de Instrucción Penal de Concarán, aceptó otorgar la medida, estableciendo una fianza de $1.500.000. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la 3ra Circunscripción Judicial, dejó sin efecto el monto a pagar y cedió la excarcelación, estableciendo la "caución personal de sus abogados”, es decir la garantía de que se cumpla lo pactado.
Es por eso que Salomón, planteó ante la Justicia que si “en este proceso se presentó la requisitoria de elevación a juicio, y se rechazó la instancia de sobreseimiento deducida por la defensa técnica de la mujer que no tiene domicilio en este país”, la situación es opuesta a la de su defendido, que tiene domicilio en La Calera, donde fue votado para ejercer la intendencia.
El 27 de diciembre se vence el plazo, donde el magistrado Cadelago Filippi debe presentar ante la Cámara Penal el sumario concluido, en la medida que no solicite una nueva prórroga.