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El Gobierno, un hotelero y vecinos involucrados en una polémica por el cierre de un camino en Nogolí

Turistas y pobladores de la localidad norteña cuestionaron a un empresario que colocó un portón al costado de su complejo e impidió el paso vehicular. En el caso tuvieron que intervenir el Gobierno y la Municipalidad de Nogolí.

El empresario Juan Tozzi restringió el paso "por seguridad y para cuidar el medio ambiente”. (Foto Notinogo)
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 05/01/2017 15:35
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El empresario es Juan Carlos Tozzi, propietario del hotel Paso del Cóndor, según publicó NotiNogo en sus noticias del jueves. Con el corte del paso, ahora “sólo tienen acceso los vecinos de río arriba”.

Según la información, el hotelero aseguró que ese camino es una servidumbre de paso y no un camino público, y que por lo tanto “restringió por seguridad y para cuidar el medio ambiente”. La normalizadora municipal de Nogolí, Claudia Pinelli, constató personalmente la situación.

El hotel de montaña está enclavado a 9 kilómetros de la localidad, a 2 del lago y a 45 de la ciudad de San Luis. Al ser inaugurado formalmente en el anochecer del 11 de  febrero de 2015, el empresario solicitó a las autoridades provinciales de ese momento la pavimentación del tramo que va del pueblo hasta el establecimiento.

Lo que ahora está en discusión es el tradicional acceso a los paisajes serranos más visitados de la zona, por donde habitualmente los turistas realizan caminatas y cabalgatas. Si bien el portón impide el acceso automovilístico, Tozzi dejó una puerta abierta para quienes quieran ingresar a pie. “La razón del cierre, según argumentó el empresario, es proteger el medio ambiente, reducir la acumulación de basura y el saqueo de la flora y fauna”, puntualiza NotiNogo en su informe que incluye las testimonios de funcionarios del Gobierno y del municipio, y del empresario.

En sus declaraciones Tozzi, dijo “cumplir con lo dispuesto por la nueva Ley de márgenes de ríos que rige desde el 1º de agosto del año 2015, cuando entró en vigencia la modificación del Código Civil Argentino, proyecto impulsado por el Kirchnerismo”.

El Código Civil anterior dice: “Art. 2.639 Los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la comunicación por agua, están obligados a dejar una calle o camino público de treinta y cinco metros hasta la orilla del río, o del canal, sin ninguna indemnización. Los propietarios ribereños no pueden hacer en ese espacio ninguna construcción ni reparar las antiguas que existen, ni deteriorar el terreno en manera alguna.”

Mientras que el nuevo Código Civil y Comercial contempla en su artículo 1974: “Camino de sirga. El dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas, aptos para el transporte por agua, debe dejar libre una franja de terreno de quince (15) metros de ancho en toda la extensión del curso, en la que no puede hacer ningún acto que menoscabe aquella actividad. Todo perjudicado puede pedir que se remuevan los efectos de los actos violatorios de este artículo.”

Tanto el empresario como las autoridades municipales entienden que no hay manera de establecer una medición exacta que revele quién tiene razón, ya que ello depende de cuan caudaloso o no esté el río, para saber si se cumplen con los 15 metros que dice la Ley. No hay una referencia clara de los límites del curso del río ya que el mismo varía constantemente y por lo tanto no hay certeza de la distancia del cauce al camino colindante.

El conflicto podría resolverse en Tribunales

Para el presidente de San Luis Agua, Claudio Pomiro, la “servidumbre de paso” está invadiendo los 15 metros reglamentarios. En tanto que para los representantes de la Municipalidad que ayer realizaron una constatación in situ, el tema no está del todo claro, aunque apelan a la buena voluntad del empresario turístico para que mantenga el camino abierto en función de los usos y costumbres históricos.

El miércoles, Pinelli, en compañía del asesor legal, Juan Pablo Olguín, un agente policial y la Jueza de Paz subrogante Fany Quiroga, redactaron el acta de constatación que, junto con un informe de San Luis Agua realizado previamente, servirían a los fines de iniciar acciones legales para que sea la Justicia quien finalmente dirima el conflicto, asegura la publicación.

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