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La ciudad de Buenos Aires le prohíbe a los policías usar facebook y whatsapp en la calle

Los 25 mil efectivos de la nueva Policía de la Ciudad ya no podrán usar sus celulares personales: serán reemplazados por aparatos autorizados por el Gobierno sin redes sociales.

Nuevos cambios y controles en la fuerza. (Foto: Infobae)
Actualizada: 20/01/2017 22:45
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“¿Qué hace ese policía facebookeando?” La crítica es bastante común: ver a un efectivo de consigna en plena calle con su chaleco antibalas, su arma reglamentaria y sus ojos en la pantalla del celular es algo reprochable para el ciudadano promedio. Y la crítica, por lo visto, llegó a Parque Patricios.

Fuentes de peso en la jefatura de Gobierno a cargo de Horacio Rodríguez Larreta y el ministerio de Seguridad de Martín Ocampo confirmaron a Infobae que los 25 mil efectivos de la nueva Policía de la Ciudad, que suma a 19 mil miembros de la PFA con los 7 mil de la Metropolitana, tendrán prohibido el uso de sus teléfonos celulares en la vía pública o en cualquier situación de servicio. Una voz de peso explica: “La medida ya está en vigor, aunque su implementación será paulatina. El policía debe dejar su aparato particular en el locker. Caso contrario, se le aplicará una sanción de corte administrativo”.

Es decir, ya no más facebook, whatsApp, otras redes sociales, videojuegos o navegar por Internet para el personal en servicio. La respuesta a esto será darle a cada policía un celular propio de la fuerza, un aparato básico, marca Samsung a cargo de la firma Movistar: “Ya fue licitado”, asegura una fuente en la cartera de Seguridad, con un GPS activo y permiso para llamar a “dos o tres números familiares”, además de los contactos policiales necesarios. El proceso de implementación será largo; es decir, no hay 25 mil teléfonos en plaza. “Se van a comprar 5 mil en febrero y 4 mil en los meses siguientes”, asegura la misma voz. Esta, por otra parte, no será la única inversión en la fuerza conducida por el comisario inspector José Potocar.

En privado, la cartera de Seguridad porteña habla de estadísticas favorables: una baja del 42% en homicidios en CABA con respecto a 2015 y un descenso de más del 25% en denuncias de pungas en el subte. También, habla de planes ambiciosos, enmarcados en el “Sistema Integral de Seguridad Pública”, el proyecto de expansión de Ocampo y Rodríguez Larreta para 2017.

Se busca formar 1500 cadetes por año para oxigenar a la fuerza con un régimen educativo de internación , ya está ese número en el Instituto Superior de Seguridad Pública del GCBA, y luego ampliar, por ejemplo, el número de cámaras: de 2150 a más de 11 mil en toda la Ciudad, con capacidad de almacenar datos de video por 60 días. Se buscará, por ejemplo, colocar equipos de filmación permanente en las bocas de cada estación de subte y en colectivos.

Se habla, también, de un control más estricto para la Policía de la Ciudad. Por ejemplo, las 54 comisarías porteñas ya no disponen de un uso discrecional de la caja o del aporte de las asociaciones vecinales. Lo mismo sucederá con los servicios adicionales de custodia, que representa para muchos efectivos hasta la mitad del dinero que llevan a su casa: desde el entorno de Ocampo reiteran habrá una oficina que centralizará pedidos y determinará si son aceptables o no, un anuncio que ya había sido hecho antes de la firma de la ley orgánica de la nueva Policía antes de fin del año pasado.

Lo mismo vale para su división de Asuntos Internos: la encargada de investigar estará integrada por civiles, así como la comisión que deberá evaluar las declaraciones juradas de comisarios y otros oficiales. Más de 300 policías ya fueron relevados de sus funciones administrativas para pasar al servicio activo en la calle.

Este último punto abre la puerta a otro cambio llamativo: las comisarías, en algún punto de este año, ya no tomarán más denuncias, o no de la forma en que lo hacían antes.

“Habrá cabinas enlazadas online a fiscalías desde la comisaría”, apunta un funcionario: “El 80% de las denuncias en la Ciudad son por hechos menores, nada más grave que el arrebato de una cartera”. Esto puede crear un frente de tormenta en Tribunales, que redobla esfuerzos de cara a la ley de flagrancia. “No damos abasto. Y por ir atrás de rateros no tenemos el tiempo ni la capacidad humana para investigar mafias, homicidios, delitos complejos”, lanza un veterano magistrado. “Todo se está hablando con la Procuración”, aseguran desde el ministerio de Seguridad.

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