Una ordenanza dice quién proyectó, invirtió y ejecutó los desagües de La Ribera
Concejales mercedinos difundieron datos que contradeciría lo declarado por funcionarios provinciales y municipales. Según la norma, el Gobierno invirtió $18 millones en la obra que ejecutó y controló la Municipalidad.
Tras las inundaciones que afectaron el pasado domingo a familias del barrio La Ribera de Villa Mercedes, funcionarios de la Municipalidad y del Gobierno provincial brindaron una conferencia para determinar responsabilidades.
El ministro, Felipe Tomasevich, en su diagnóstico observó tres puntos: la intensidad de la lluvia, 110 milímetros en menos de una hora; la falta de conducción de agua que tienen los canales preexistentes en La Ribera y un taponamiento del desagüe del barrio por la obra que se está realizando en La Pedrera.
La empresa que habría realizado el taponamiento sería Lumma.
El intendente Mario Merlo, durante la misma conferencia apuntó que “hay un desagüe en La Ribera, que se hizo en la gestión anterior, que no funciona correctamente y es insuficiente para lo que necesita la zona”.
Luego de estas declaraciones, el líder del Movimiento Mercedinos por el Cambio, José Giraudo, expuso en las redes sociales: “¿Alguien le puede avisar al señor Merlo que en la gestión anterior el intendente era él?”.
Tanto los funcionarios de la comuna como los del Gobierno intentaron descansar responsabilidades en la gestión del exgobernador Claudio Poggi, sin nombrarlo directamente.
“Esto se produjo por la falta de obra hidráulica que tiene el barrio desde el año 2015, lo que va a resolver ahora el gobierno”, reiteró Tomasevich al tiempo que añadió que ayudarían a las familias y aportarían soluciones inmediatas.
En los considerandos de la ordenanza 667 de 2015, aprobada por amplia mayoría en el Concejo de Villa Mercedes, se creó la Unidad Ejecutora de Desagües Pluviales. El Gobierno municipal señalaba: “Que en el mismo sentido dentro de los denominados Segunda Etapa se presentó ante el Gobierno provincial el proyecto de desagües del Barrio La Ribera. Que como resultado de las gestiones realizadas en este sentido el Gobierno de la provincia realizó una inversión de más de 18 millones de pesos para la realización de la obra, estando la misma concluida y en funcionamiento”.
La citada Unidad Ejecutora funciona en Villa Mercedes desde el 10 de diciembre de 2015.
La nombrada ordenanza fue aprobada por el voto afirmativo de 10 concejales. Uno de los que se opuso en ese momento fue Carlos Andreotti, por ese entonces presidente del bloque de la UCR.
“Resulta asombroso el comunicado emitido por el Municipio y las declaraciones de funcionarios municipales afirmando que lo sucedido se debe a un defecto en la construcción de los desagües, cuando surge a las claras que la elaboración del proyecto de los mismos para dichos barrios, fue realizada por el Ejecutivo municipal, siendo éste el encargado de controlar la ejecución de la obra”, sostuvo el concejal que difundió los datos, publicó el portal San Luis Noticias.
En su artículo 2° la ordenanza dice: “La Unidad Ejecutora Municipal de Desagües Pluviales deberá funcionar dentro de la secretaría de Obras Públicas, conformando un equipo interdisciplinario que permita la continuidad y concreción definitiva de las obras correspondiente de la Segunda Etapa de Desagües Pluviales (Barrio La Ribera- Centro Comercial a Cielo Abierto). Teniendo como responsabilidad el diseño, proyecto de ingeniería, estudio de costos, cómputos y gestión, como así también el control, ejecución e inspección de las obras, tanto específicas como complementarias”.
Establece que “como complemento de los proyectos de esta unidad ejecutora, deberá elaborar y establecer un plan con un programa de mantenimiento de los desagües pluviales actuales y futuros de modo que se asegure el correcto funcionamiento de los mismos”.
En el portal mercedino sanluisnoticia.com Andreotti advirtió que no sólo son responsables de los daños ocasionados por la obra “La Pedrera” el Gobierno y las empresas encargadas de su ejecución, “sino que sin lugar a dudas se infiere a que los funcionarios del gobierno municipal son ineludiblemente responsables directos de la falta de ejecución de los controles obligatorios y necesarios. Es así que estos tres actores, Gobierno provincial, UTE y la Intendencia de Villa Mercedes, deben responder de manera solidaria ante los daños ocasionados por inoperancia e inacción, además de dar las explicaciones correspondientes no sólo a los vecinos afectados, sino a la ciudadanía en general”.