Diputados: el oficialismo y la oposición apoyaron la Ley Integral de Viviendas
El proyecto fue sancionado por una mayoría abrumadora. Coincidieron en la necesidad de generar una nueva norma para dar respuesta a la demanda habitacional.
La iniciativa presentada por el Gobierno obtuvo ayer media sanción en el Senado y fue derivada de inmediato a Diputados, que en su sesión de este miércoles la debatió durante cuatro horas.
Fue un trámite relámpago de la Legislatura para un proyecto que se convertirá en una herramienta clave en el futuro inmediato. El Gobierno tenía apuro en contar con la ley porque aspira a contar con la ingeniería aceitada en el proceso electoral que se avecina.
Desde la oposición se sugirieron varias reformas que fueron rechazadas por Compromiso Federal y el Frente Para la Victoria. De todos modos, votaron a favor.
La nueva ley contempla la erradicación y sustitución de viviendas rurales precarias; la construcción, ampliación y refacción de casas sociales; la entrega de terrenos; financiamiento; subsidios, acceso a distintas soluciones y desarrollo de espacios urbanísticos que fomenten la integración social.
Para tener derecho a la inscripción se prohíbe poseer títulos de inmuebles, salvo excepción fundada. Tampoco pueden resultar beneficiarios los adjudicatarios de planes de viviendas sociales municipales, provinciales y nacionales.
Como requisito también se impone ser mayor de edad, haber nacido en la provincia o poseer 10 años de residencia en la misma. El inscripto no debe figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
“Consideramos fundamental que la política habitacional continúe avanzando en toda la provincia porque es una demanda importante de la comunidad”, sostuvo el presidente de la bancada Cambiemos, Juan Manuel Rigau.
También insistieron con darle prioridad a los inscriptos en planes de viviendas anteriores, que están pagando las cuotas y llevan años esperando. Se trata de cientos de beneficiarios que están a la espera de tener su nuevo hogar.
“Es un día histórico, porque es una ley justa la que aprobamos y permite que diferentes sectores de la sociedad puedan acceder a su casa propia”, señaló el jefe de la bancada oficialista, Carmelo Mirábile. Luis Martínez, sostuvo que “En San Luis todo es posible y es una ley posible. Es extraordinario que en la provincia podamos discutirla”.
El radical Alejandro Cacace expuso los puntos en desacuerdo con la iniciativa como vino del Senado. Insistió con la exención del impuesto a sellos en la primera vivienda.
“San Luis requiere una discusión sobre política habitacional más profunda. Pedimos la exención del pago de sellos a la primera vivienda porque es una medida de inclusión social. En la provincia la persona que compra su décima vivienda y el que busca acceder a la primera, paga el mismo impuesto”, expresó.
“Diez años de residencia nos parece una exageración el plazo que debe tenerse con esta nueva normativa para poder acceder a una vivienda social. Consideramos que deben ser dos años como la ley anterior”, agregó.
Los créditos que brinda la nueva ley son similares a los de Nación pero considera como ingreso bruto a ese ajuste y además le cobra impuestos sobre los intereses. “Esto encarece de un 15 a un 20% las cuotas del crédito y es algo que debe corregirse”, detalló.
Otro de las críticas fue la reducción del número de viviendas para discapacitados. La nueva normativa reduce un 5% los hogares destinados a familias con algún integrante que tenga capacidades disminuidas cuando era el 10% con la ley anterior.
“El oficialismo avala que incluso si el adjudicatario paga toda la vivienda y tiene la escritura no puede disponer de ella. Nos parece una locura que la casa deba habitarse en el mismo momento que la persona la obtiene, sin esperar por lo menos unos días hasta que la familia se reubique en su nuevo hogar. Es un absurdo también que los residentes puedan llegar a perder su casa si es que mejora su condición económica”, observó Cacace.