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La fiscal pidió tres años de prisión en suspenso para Boudou

Lo solicitó la fiscal Stella Maris Scandura, durante el juicio oral que se lleva en su contra por la presunta inscripción ilegal de un auto.

Foto: Clarín
El delito de falsedad ideológica tiene una escala penal de tres a ocho años de prisión.
Actualizada: 29/06/2017 23:37
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Scandura pidió una pena de tres de años de prisión en suspenso para el exvicepresidente Amado Boudou en el juicio oral por la inscripción ilegal de un auto, en tanto la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del exfuncionario por la compra "direccionada" de 19 coches de alta gama por parte del miinisterio de Economía, en 2009, consignó Télam.

Scandura consideró, al exponer en la primera audiencia de alegatos, que Boudou incurrió en el delito de "falsedad ideológica" en grado de "partícipe o cómplice" por aportar datos falsos para inscribir en 2003 un vehículo Honda CRX modelo 1993.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 1 de la Capital anticiparon que dictarán el veredicto el 1 de agosto, cuando podría surgir una condena al exvicepresidente, que ya espera otro juicio oral por la llamada "causa Ciccone".

El delito de falsedad ideológica tiene una escala penal de tres a ocho años de prisión, pero la fiscal aclaró que pedía el mínimo y en suspenso dado los ocho años transcurridos desde el inicio de la causa.

Para la funcionaria judicial, quedó probado que los cuatro acusados acordaron la falsificación del formulario 04 con un domicilio apócrifo, y las firmas del 08 y el 012 donde no se consignó un cambio de motor hecho al auto.

Asimismo, la fiscalía pidió la misma condena para la exnovia de Boudou, Agustina Seguí, así como para la titular del Registro Automotor 2, Graciela Taboada de Piñeiro y el gestor Andrés Soto, aunque en el caso de estos últimos como autores directos del delito.

El proceso se inició en 2009 por una denuncia de la misma titular del registro y, por tratarse de una funcionaria pública, la fiscal pidió su inhabilitación por seis años.

La fiscalía destacó que por el grado de instrucción, ni Boudou ni Taboada podían ignorar el carácter ilegal de sus actos, aunque resaltó que el luego vicepresidente no ostentaba en ese momento ninguna función pública.

Los jueces del TOF 1, Gabriel Eduardo Vega, José Antonio Michilini y Adrián Grünberg citaron a una nueva audiencia para el jueves de la semana próxima, cuando se escucharán los alegatos de las defensas.

En otra causa, la Cámara Federal porteña confirmó un procesamiento contra Boudou por la compra direccionada de vehículos de alta gama cuando era titular del Ministerio de Economia, en 2009.

Los camaristas también dispusieron un embargo por 3 millones de pesos sobre los bienes de Boudou y de Benigno Vélez, otro funcionario de Economía, a quienes consideró "coautores del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio" del Estado "en concurso ideal con el delito de uso de documento publico falso".

La decisión fue tomada en votación dividida por la Sala donde los jueces Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia votaron por la confirmación del procesamieno dictado por el juez Sergio Torres, mientras que Eduardo Freiler avaló los argumentos de la defensa.

La Cámara también se confirmó el procesamiento como participes necesarios del delito para Álvaro Palencia Reffino, ex director de Asuntos Administrativos de Economía; Daniel Reposo, ex titular de la Sindicatura General de la Nación, y los empresarios de la concesionaria, Fernando y Guido Guidi, y los embargos sobre los bienes de cada uno de ellos por 2.500.000 pesos.

La causa gira en torno a la compra sin licitación de 13 automoviles Bora, tres Passat y tres Vento, a la concesionaria porteña Guido Guidi de la marca Volkswagen.

Boudou aseguró en su declaración indagatoria que la compra de los coches "resultó claramente conveniente" y que "eran necesarios para el ámbito del Ministerio de Economía y distintas áreas del Poder Ejecutivo".

La Justicia investiga la supuesta falsificación de un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) hecha para justificar la compra de los vehículos en 2009, cuando la encabezaba Daniel Reposo, otro de los procesados.

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