Un juez inhibió e intervino los hoteles de Cristina Kirchner
El juez Federal, Julián Ercolini, dispuso hoy la intervención judicial del Hotel Alto Calafate, perteneciente a la familia Kirchner y designó veedores en el marco de la causa Hotesur.
Fuentes judiciales informaron a NA que la orden abarca también a las empresas Valle Mitre, de Lázaro Báez; e Idea S.A, del empresario Osvaldo Sanfelice, socio del diputado Máximo Kirchner e histórico amigo de la exfamilia presidencial.
La firma Valle Mitre fue la antigua administradora de la firma Hotesur y desde 2013 siguió ejerciendo ese rol la firma IDEA, del empresario Sanfelice, quien fuera socio del hijo de la expresidenta en emprendimientos inmobiliarios.
Ercolini remarcó que se investigan "presuntas maniobras de lavados de activos llevadas a cabo, entre otras personas, por la ex familia presidencial, cuyo antecedente sería una defraudación al Estado Nacional mediante la adjudicación irregular de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz" y en particular al empresario detenido Lázaro Báez.
"Los fondos ilícitos manejados por dichas empresas que habrían sido objeto de los mecanismos descriptos en el acápite I provendrían de las arcas del Estado, y de allí entonces la relevancia de que se adopten medidas tendientes a su protección", señaló el juez.
También tuvo en cuenta que los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita indicaron que los hoteles investigados "habrían sido adquiridos en parte con aquel dinero y que actualmente las personas involucradas continuarían cobrando las ganancias generadas como producto de la explotación de aquéllos".
"Así, debe tenerse en cuenta que los accionistas principales de firmas en cuestión serían Máximo Kirchner, Florencia Kirchner y Osvaldo Sanfelice", agregó Ercolini en su resolución de más de una veintena de carillas.
Ercolini dispuso la intervención del Hotel y ambas empresas y estableció que los expertos nombrados "deberán poseer conocimientos contables, impositivos y jurídicos, motivo por el cual la medida se instrumentará mediante la designación por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos de dos expertos que revistan las características".
"La gestión de los veedores informantes deberá extenderse por seis meses y dirigirse, en este caso, a la determinación del Estado de los bienes que poseen las empresas en cuestión, y los pormenores de los negocios y actividades que aquéllas realicen", ordenó el juez.
Y estableció también que "deberán informar de inmediato si se verifica la extracción por parte de los socios de dinero como crédito con la sociedad y/o adelantos o retiros de caja chica".
En la causa Hotesur, aún el juez debe resolver el pedido de indagatoria de los fiscales sobre Cristina Kirchner, sus dos hijos, así como de Lázaro Báez, entre otros.