Presión tributaria, cómo impactan los impuestos en los precios

En 30 años, la presión tributaria se duplicó en la Argentina hasta llegar al mismo nivel que tienen los países desarrollados. Desde el comienzo de la gestión de Cambiemos, el reclamo por el peso de los impuestos sobre la economía se vuelve cada vez más potente. El impacto del costo argentino se usa no solo para justificar la falta de inversiones sino también para explicar en parte la depresión del poder adquisitivo, publicó el diario Los Andes.

Un estudio del IARAF(Instituto Argentino de Análisis fiscal) revela que, en promedio, el 44% del precio de los alimentos corresponde a impuestos nacionales, provinciales y municipales que pegan sobre el valor final de un producto de manera directa o indirecta.

Del 17% de presión tributaria que el país tenía en promedio hace 30 años, este año se cerraría en 32,6% del PBI. Esta escalada no fue consecuencia de una reforma integral, sino de una sucesión de manotazos de ahogado de los gobiernos de turno para buscar fondos en momentos de escasez. Cambios en las alícuotas o en la base imponible fueron las herramientas más usadas. Sobre esto, lo que empezó como un tributo de emergencia, como el impuesto al cheque, terminó consolidándose como una piedra angular de la recaudación. Los gobiernos se las ingeniaron también para que la inflación jugara a favor de la recaudación, al dejar de actualizar los montos mínimos de distintos tributos. Así se formó el laberinto de la presión tributaria que hace que hoy, en productos tan básicos como el pan, el 38% del precio sean impuestos, consigna el matutino de la vecina provincia.

Para llegar a este porcentaje, el IARAF contempla toda la cadena comercial, desde los insumos hasta que el producto llega a la bolsa del consumidor final. Esto incluye a los tributos que afectan directamente a las empresas (por ejemplo, el impuesto a las Ganancias), como a sus empleados (componente previsional) o al consumidor final (IVA). También incide el impuesto a los Ingresos Brutos, promediando las distintas alícuotas que existen y los impuestos municipales, entre otros.

En el caso de los alimentos, en un producto como el chocolate, que está gravado con el IVA al 21%, el costo impositivo contenido en el precio final de venta es del 44,10%, lo que supone entre 7 y 8 puntos porcentuales más que en el 2000, por lo que la presión tributaria se incrementó entre 20 y 25%.

Fuera de alimentos, datos del mercado muestran que el caso más relevante es el de los cigarrillos, donde los impuestos constituyen el 88% del precio. También los celulares tienen una alta presión tributaria, del 67%. En autos, la carga es del 54,8%. Y en naftas, del 43%.

Al poner la lupa sobre el sistema tributario argentino, Ingresos Brutos y el impuesto al cheque aparecen como los malos de la película. El tributarista Miguel La Vista, del estudio La Vista Casal, destaca que en “este impuesto está tan mal diseñado que en cada etapa de la producción, distribución, comercialización mayorista y comercialización minorista se paga una y otra vez, sin que esto genere derecho a crédito en la etapa siguiente. Cualquier estimación razonable muestra que Ingresos Brutos impacta entre 11 y 12% en el precio de venta final. Si a esto le agregamos el impuesto al cheque (1,2% en cada etapa), alrededor del 15% se explica sólo por estos dos impuestos”.

Según un relevamiento del estudio Idesa, el impuesto a los Ingresos Brutos representa el 53% de la rentabilidad de un comercio promedio (de entre el 10 y el 15%), mientras que las contribuciones a la seguridad social implican el 29% de la rentabilidad y el impuesto al cheque, el 17%.

“Bajo el actual sistema tributario, solo quienes logran una rentabilidad superior a lo normal estarían en condiciones de cumplir con el pago de todos los impuestos y generar un excedente. Las ferias como la Salada son la demostración más cabal de la necesidad de contar con un Estado moderno, que gaste menos y administre mejor. Esta es la única vía para disminuir la presión impositiva”, sostiene IDESA.

El efecto de esta distorsión sobre los precios es uno de los motivos por los que los argentinos copan Chile para hacer compras. Según La Vista, el costo de la seguridad social en Argentina representa el 50% del salario de bolsillo de un trabajador, frente al 32% en Chile.

“Este impacto sobre los costos de contratación indudablemente influye a la hora de la determinación del precio final”, a lo que se suma que los costos de importación de Chile son solo del 6%, en una economía de gran apertura comercial y con poca estructura productiva orientada al consumidor final. Después de haber tocado un pico de 34% en 2014, la presión tributaria consolidada tuvo una leve baja, a partir de los cambios en Ganancias y Bienes Personales. Sin embargo hoy sigue ubicada en el nivel cercanos al promedio de la OCDE, que es del 34,2%, aunque con servicios e infraestructura más cercanos a los de los países en desarrollo. Esto engordó las arcas estatales, pero no fortaleció a las cuentas públicas. En los últimos 15 años, el indicador pasó del 20 al 32% del PBI y, en el mismo período, el saldo fiscal pasó de un superávit primario del 1% a un déficit de 4,2% esperado para este año.

En este contexto, se redoblan las presiones del sector empresario para bajar la presión fiscal, al mismo tiempo que los analistas advierten sobre la suba del gasto público y el peligro de que no se alcance la meta de reducir el déficit al 3,2%, prevista para 2018. Ante las demandas, el Gobierno promete que avanzará con una reforma fiscal pero sin afectar la recaudación.

Aunque la reforma no se discutirá en el recinto hasta después de las elecciones de octubre, en el Congreso ya se abrieron las conversaciones para delinearla, bajo la premisa de que la exorbitante presión tributaria atenta contra la productividad y, a la vez, alienta la evasión. En las reuniones entre los funcionarios del Ministerio de Hacienda y los legisladores, se planteó que el foco de la reforma estará sobre los impuestos distorsivos. Pero esto impacta directamente sobre las cuentas de las provincias, lo que demuestra que será difícil encontrar el aval de los legisladores para hacer cambios que afecten la caja de los gobernadores. Por eso el ministro Nicolás Dujovne apuesta a impulsar un proyecto que incluya medidas de responsabilidad fiscal -el 25% de la presión impositiva lo aportan provincias y municipios- y a pasar gradualmente de mayor impacto sobre el consumo a mayor presión sobre la renta.

“Este Gobierno está limitado en cuanto a posibilidades financieras, pero tomó algunas medidas en favor de las pymes, como la eliminación del pago de Ganancia Mínima Presunta, o el pago a cuenta del impuesto al cheque y la obtención de créditos fiscales para los que invierten en tecnología”, señala La Vista. “No creo que la presión baje significativamente, pero sí podría lograrse una mayor equidad. El dilema se resuelve con crecimiento económico sumado a mayor responsabilidad fiscal”.

Mendoza disminuye la presión

En Mendoza durante la administración Pérez la presión impositiva se incrementó y no se tradujo en más obras ni en mejores servicios del Estado, sí en mayor empleo público. Así todo Pérez no logró bajar el déficit y terminó su gestión sin pagar sueldos y con deuda a proveedores. Eso generó también que se paralizada la obra pública en la construcción de viviendas, por ejemplo, consignó Los Andes.

Ahora el escenario es diferente. Las cuentas se están ordenando y el gobierno ha dado varias muestras concretas para bajar la presión impositiva en Mendoza.

“La decisión política de bajar impuestos como plan fiscal en general está concentrada en gastar menos y ser más eficientes. Dentro de eso, queremos tener superávit para hacer inversiones y crecer”, indicó el ministro de Hacienda Lisandro Nieri.

“Dentro de nuestras posibilidades buscamos descomprimir la presión impositiva, por eso la baja de sellos para alquileres de viviendas y comercios, baja de sellos para maquinaria vial y agrícola, menos Ingresos Brutos para cuotas de créditos hipotecarios, entre otros casos”, agregó.

Nieri destacó también que el bono fiscal que lanzó el gobierno provincial por mil millones de pesos, “va a generar inversiones  en Mendoza y puestos de trabajo”.