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Evaluarán el funcionamiento del juzgado de Familia Nº2

El Colegio de Abogados de San Luis advirtió sobre irregularidades en trámites y resoluciones de expedientes. La comisión evaluadora tiene 10 días para resolver disposiciones en el juzgado de Viviana Oste.

La institución que agrupa a los abogados de la provincia, presentó el 10 de agosto una nota al Superior Tribunal de Justicia advirtiendo la situación.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 24/08/2017 16:49
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El pasado 10 de agosto, la institución que agrupa a los profesionales del derecho, presentó una nota ante la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Lilia Novillo, en la que expuso una serie de anomalías que se suscitan en el juzgado de Familia Nº2.

Según describe el texto, los principales problemas se presentan en “la demora con la que se lucha todos los días” y en la dificultad de acceso a los expedientes que se encuentran “reservados”.

Para la institución, estas falencias provocan un distanciamiento del ideal de la “tutela judicial eficaz”, y se aparta de los principios en los procesos de familia que enuncia el nuevo Código Civil y Comercial, entre los que se encuentra la “oficiosidad”.

“Expertos en la materia hablan de jueces artesanos que busquen soluciones y jueces activistas que lleguen a tiempo a solucionar los conflictos, todo esto no se observa en el referido Tribunal”, indica al respecto el documento.

Desde el Colegio de Abogados, aseguran que “diferentes colegas han manifestado los sin sabores”, pero han evitado dar los números y nombres de sus casos “para evitar posibles subjetividades”. Además preservaron la identidad de los letrados.

Con respecto a las dificultades que se presentan con los expedientes reservados, la nota describe que cuando estos son iniciados por un abogado y luego se cambia de profesional, éste último no puede acceder a la documentación.

“Se han presentado en mesa de entrada en reiteradas oportunidades, con los respectivos poderes para lograr vinculación personal. Algunas veces decían que lo harían a la brevedad y en otras oportunidades que ya lo habían hecho, cuando en realidad no era así”, puntualizó el colegio.

A raíz de ello, se dictó el acuerdo 472/17 que dispone que la secretaria administrativa adjunta, Mónica Corvalán, con la asistencia de Ángela Castillo y Juan Daneri, deben constatar las inquietudes en un plazo de 10 días.

La comisión evaluadora tendrá que detallar el trabajo de los  secretarios, la gestión de los recursos humanos, la organización, la cantidad de trámites gestionados y la concurrencia a despacho para los tribunales, del magistrado, funcionarios y empleados en el horario establecido.

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