A 11 años de su desaparición, la CIDH exige buscar a Julio López
La Asociación de Exdetenidos-Desaparecidos (AEDD) había denunciado en 2014 ante la CIDH que el Estado paralizó la búsqueda del albañil.
Jorge Julio López fue visto por última vez el 18 de septiembre de 2006. Hoy, 10 años y 11 meses y 21 días después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le exigió al Estado argentino buscar al albañil. El hombre, que al momento de su desaparición tenía 77 años, debería haber ido ese día a escuchar los alegatos contra su torturador: Miguel Etchecolatz.
El expediente lo maneja la CIDH desde hace 4 años. Y, aunque no lo aclaran en ningún lado, el reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, precipitó el pronunciamiento del organismo en el caso López.
La mano derecha del exjefe de la Policía Bonaerense durante la última dictadura cívico-militar fue condenado al día siguiente a prisión perpetua por cometer delitos de lesa humanidad. López no pudo festejar: fue desaparecido por segunda vez.
Desde entonces, la causa pasó por tres jueces, varios fiscales y todavía más querellas. Cuando el expediente pasó del fuero provincial al federal, la Sala I de la Cámara de Apelaciones, de La Plata, ordenó desplazar de la investigación a la Policía Bonaerense, recaratuló la causa a "desaparición forzada" de personas y le dio un giro a la búsqueda del testigo. La CIDH buscó hoy darle un nuevo impulso.
La secretaria ejecutiva adjunta de la comisión, Elizabeth Abi-Mershed, que depende de la Organización de los Estados Americanos (OEA), informó a la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD) que le "ha fijado un plazo de tres meses al Gobierno de Argentina para que presente sus observaciones". La AEDD había denunciado el 7 de mayo de 2014 que el Estado nacional había paralizado la búsqueda de López.
Etchecolatz, preso en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, cobró todos estos años su jubilación como ex policía bonaerense con retiro voluntario activo.
Asuntos Internos del ministerio de Seguridad, a cargo de Guillermo Berra, lo exoneró el 8 de agosto luego de recibir una denuncia de organismos de derechos humanos. El represor firmó la notificación. "Prisionero de guerra", escribió al apelar la medida.