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La Justicia Electoral insiste a pesar del fallo de la Corte Suprema

Mientras la máxima autoridad judicial de la Nación tiene en sus manos una acción de amparo, en la jurisdicción local se dictó ayer una resolución que afecta los intereses de la lista de Avanzar y Cambiemos por San Luis.

La presidenta Novillo y Fernando De Viana desestimaron un recurso de apelación, mientras que Horacio Zavala Rodríguez (h) concluyó que debía “hacerse lugar”.
Actualizada: 21/09/2017 15:41
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El Tribunal Electoral provincial (TEP) confirmó por mayoría lo actuado por el juez Agustín Ruta. Es decir insistió en que los sectores “Consenso y Unidad por San Luis” y el “Comité Presidente Raúl Alfonsín”, conformen “una única lista de candidatos” para ser de las partida en las elecciones del 22 de octubre.

Justamente el frente opositor apeló a la Corte Suprema porque está en contra de lo actuado por todas las instancias judiciales locales. Denuncian un “intento de proscripción” y cuestionan la imparcialidad de las cabezas de los tribunales que tienen la dirección del proceso electoral, Lilia Novillo y Ruta.

La presidenta y Fernando De Viana desestimaron un recurso de apelación, mientras que Horacio Zavala Rodríguez (h) concluyó que debía “hacerse lugar”. Así rechazaron el planteo del frente ganador de las PASO y ordenaron “integrar y oficializar” una lista común con los dos sectores en los distritos que se provocó el conflicto.

La crisis es el resultado del reconocimiento y convalidación por parte de la Justicia, a través de las controvertidas PAS, de la agrupación del histórico dirigente radical Jorge Agúndez.

El excandidato a gobernador, luego de que la Junta electoral partidaria lo rechazara por “no cumplir con los requisitos”, fue habilitado y legitimado en las fallidas Primarias Abiertas y Simultáneas (no obligatorias) del 30 de julio en las que votó menos del 1% del padrón.

Con todo, hasta ahora, fue ratificado como parte de AyCSL y “se proscribió” a “Consenso y Unidad”.

La sucesión de pronunciamientos en contra desembocaron en la acción de amparo ante la Corte Suprema, que la semana pasada tomó el caso y pidió los antecedentes a la Justicia de San Luis. Ahora el Alto Tribunal tiene la última palabra.

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