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Piden explicaciones al Gobierno por los $80 millones que recibió la esposa del senador Rodríguez Saá

Para la oposición es “un escándalo” y puso un manto de sospecha sobre la entrega del subsidio que tendría como fin “el financiamiento de actividades partidarias y electorales” del oficialismo. Evalúan recurrir a la Justicia.

Foto ANSL
El senador Adolfo Rodríguez Saá y su esposa Gisela Vartalitis lanzaron el 5 de agosto el proyecto "Mujeres Puntanas Emprendedoras".
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 27/09/2017 09:58
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Los antecedentes y el dinero propio que aportará la fundación de Gisela Vartalittis al proyecto de emprendedurismo, son sólo dos de una serie de interrogantes que rodean al millonario subsidio que logró la esposa del candidato a senador nacional, Adolfo Rodríguez Saá tras un trámite relámpago.

Los bloques de Diputados de Avanza y Cambiemos presentaron ayer un pedido de informes al gobernador Alberto Rodríguez Saá, sobre los motivos del desembolso de $80 millones a la institución que justificó en cuatro carillas la necesidad del aporte para el plan “mujeres puntanas emprendedoras”.

La oposición sostiene que se trata de un “hecho escandaloso” llevado adelante con “impunidad” y con “fines electorales”, ya que el dinero fue a parar la fundación “Mujeres Puntanas” creada por Vartalitis y su esposo a un mes de las elecciones generales.

Los legisladores cuestionan “el trasfondo familiar del uso del dinero” y que “la ejecución de las políticas públicas se deba hacer a través de fundaciones”.

Las respuestas que buscan los diputados:

1.- Antecedentes debidamente acreditados en materia de emprendedurismo que registra la fundación.

2.- Recursos económicos propios de la fundación que afectará a la ejecución del proyecto.

3.- Detalle de los objetivos cuantificables del proyecto Mujeres Puntanas Emprendedoras.

4.- Detalle de bienes de uso e insumo a adquirir por la fundación con los fondos públicos, indicando y acompañando, los estudios previos realizados para determinar la necesidad, características y cantidad de los mismos, munido de los respectivos presupuestos aportados por los proveedores correspondientes en cada caso.

5.- Detalle de profesionales y personal afectado al proyecto, indicando la forma de vinculación contractual con la fundación y los antecedentes curriculares en la materia de cada uno de ellos.

6.- Detalle pormenorizado y justificado de otros gastos que demandará la ejecución del proyecto.

7.- Plazo de ejecución y lugar de localización del proyecto.

8.- Garantías requeridas a los efectos de salvaguardar los fondos públicos entregados en subsidio.

9.- Partidas presupuestarias que fueron disminuidas para el aumento de las partidas presupuestarias que demandó el otorgamiento del subsidio.

10.- Las razones por las cuales se le dio un tratamiento preferencial al trámite.

Los diputados opositores entienden que “es muy probable” que la solicitud sea rechazada por sus pares de Compromiso Federal y aliados.

Si en el ámbito legislativo no consiguen respuestas planean ir a la Justicia Federal. Sostienen que “el posible uso en la campaña electoral de estos recursos, habilitarían a que ese fuero y no el provincial, lleve adelante una investigación con mayores garantías de imparcialidad”.

En principio creen que podrían tipificarse los delitos de “malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública, más allá de lo estrictamente inherente al manejo de fondos para la campaña”.

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