El Gobierno guarda silencio sobre el escándalo de los $80 millones a la esposa del senador R. Saá
Terrazas del Portezuelo y el Frente Unidad Justicialista optaron por no hablar del subsidio que recibió tras un trámite relámpago, la presidenta de la Fundación “Mujeres Puntanas”, Gisela Vartalitis.
El silencio suele ser en algunas ocasiones saludable, pero no en este caso porque está alimentando un escándalo y abonando las dudas.
El domingo por la tarde cuando algunos cronistas nos disponíamos a escarbar en búsqueda de noticias para las portadas y programas del lunes, el sitio Zbol.com.ar sorprendió y sacudió el tablero político institucional con la noticia.
El artículo fue leído como una información más y, en principio con reservas, pero la fuerza de las copias de cada una de las fojas del expediente 9010462/17 que se exhumó, le dieron tal entidad que lo han convertido hasta ahora en unos de los temas del año.
¿Qué dice la revelación de zbol?
El Gobierno otorgó 80 millones a la fundación de la esposa del senador Adolfo Rodríguez Saá en una sola cuota. La entidad fue reconocida como tal en nueve días hábiles y el subsidio lo consiguió en el lapso de 120 horas hábiles. Los fondos están destinados al proyecto “Mujeres Emprendedoras Puntanas” que distribuye máquinas de coser, electrodomésticos y computadoras, entre otros artículos, en convocatorias que tienen tono electoral.
En el caso podrían quedar tipificadas figuras del Código Penal.
Prácticamente todos los medios de San Luis se ocuparon y algunos de alcance nacional (diarios y programas de TV) ya se interesaron.
El martes el principal espacio político opositor, el interbloque de Avanzar y Cambiemos por San Luis, lo institucionalizó al presentar un pedido de informes al gobernador Alberto Rodríguez Saá. Buscan saber los antecedentes de la entidad y por qué se pasó a manos privadas la ejecución de una iniciativa de esas características, y no la implementó el propio Gobierno.
Ayer en la sesión de la Cámara de Diputados, el bloque Compromiso Federal con el apoyo del kirchnerismo cerró la puerta por esa vía a los interrogantes. Rechazó la requisitoria al Poder Ejecutivo.
“Que pase a comisión para su tratamiento, no aprobamos pedido de informes sobre tablas”, dijo lacónico el jefe de la bancada oficialista, Carmelo Mirábile en el recinto y así clausuró el debate.
El candidato y diputado radical, Alejandro Cacace adelantó que van a “denunciar la maniobra por malversación de fondos y el quiebre a la ley de financiamiento electoral ante la Justicia Federal".
A cinco días de salir a la luz la medida que se mantenía en la mayor de las reservas, el Gobierno todavía no escribió una línea.
Ayer elchorrillero.com intentó comunicarse con los ministros de Medio Ambiente, Producción (cartera ante la cual se gestionó el subsidio) y de Hacienda Pública.
La oficina de prensa excusó a Sergio Freixes de la siguiente forma: “Hay varios (periodistas) que han pedido entrevistas, pero tiene la agenda muy cargada. Hay una lista de medios que quieren hacerle nota”.
Una asistente de Natalia Zabala Chacur que respondió el llamado, transmitió que no era posible hablar con la funcionaria. “Se encuentra en audiencia, cuando finalice veo si se puede comunicar”, contestó.
Hay que considerar, con toda razón, que la gestión Rodríguez Saá no fija posición porque carece de argumentos sustentables.
La envergadura de los datos difundidos justifica a esta altura la palabra oficial por varias razones.
La transparencia de los actos de Gobierno y la obligación de evitar que la campaña electoral se contamine, ordenan poner las cosas en su lugar.
El mutismo sostenido hasta ahora solo conduce a consolidar las sospechas.