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Con los votos de Negre y Pérsico, el Senado designó al juez Federal de Villa Mercedes

La Cámara Alta dio acuerdo ayer al nombramiento de Juan Carlos Nacul para desempeñarse en el juzgado de primera instancia de esa ciudad.

El Senado aprobó el pliego de Juan Carlos Nacul.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 28/09/2017 15:18
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Tuvo el apoyo de 51 senadores de distintos partidos políticos, entre ellos los legisladores por San Luis Liliana Negre de Alonso (Compromiso Federal) y Daniel Pérsico (Frente para la Victoria). Adolfo Rodríguez Saá no asistió a la sesión. Hubo 13 votos en contra.

Nacul propuesto por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos que evaluó “los antecedentes profesionales y académicos como la actuación durante la audiencia pública” en la que se concluyó que posee “la idoneidad para desempeñarse en el cargo”.

El abogado acredita una trayectoria de 36 años en el ejercicio ininterrumpido de la profesión. A lo largo de su carrera cumplió funciones ad honorem en el ministerio Público Fiscal, el ministerio Público de la Defensa y la Cámara de Apelaciones de Tucumán.

Pérsico que había formulado objeciones en el ámbito de la comisión, en la víspera votó a favor el pliego.

El juzgado Federal de Villa Mercedes que fue creado por la Ley Nº 26.214, sancionada por el Congreso en diciembre de 2006, no se puso en marcha.

Tiene competencia sobre los departamentos de Pedernera, San Martín, Chacabuco, Junín y Dupuy. De ese modo se limitará la jurisdicción del juzgado Federal de San Luis que preserva la actuación en materia electoral.

La estructura incluye una fiscalía y una defensoría pública oficial.

Del juzgado dependerán dos secretarías, una con competencia en materia criminal y correccional, y la otra en lo civil, comercial, laboral y contencioso administrativo.

Una vez instalado el nuevo juzgado Federal “le serán remitidas las causas pendientes” de acuerdo a su jurisdicción territorial.

Según la ley, empezará a cumplir funciones en el término de 180 días corridos desde la sanción de la ley de presupuesto que contemple los recursos para el desenvolvimiento.

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