La oposición apunta a la “corrupción y financiamiento ilegal” en la campaña de Adolfo R. Saá

Los dirigentes formalizaron la denuncia penal este lunes en relación a la transferencia de los $80 millones a la fundación “Mujeres Puntanas” dirigida por la cuñada del gobernador, Gisela Vartalitis.

La denuncia involucra en primer lugar al gobernador Alberto Rodríguez Saá y al senador Adolfo Rodríguez Saá, ambos candidatos en las próximas elecciones, “cuya campaña ha sido financiada a través de estos hechos”, según consideró el diputado Alejandro Cacace.

También abarca al vicegobernador Carlos Ponce, quien firmó el decreto para transferir el subsidio; al ministro de Medio Ambiente y del Campo, Sergio Freixes quien firmó el convenio con la fundación y la ministra de Hacienda, Natalia Zabala Chacur porque fue quien hizo la transferencia y dio la orden de pago. Incluye además al fiscal de Estado, Eduardo Allende y al contador general, Daniel Marone.

Alejandro Cacace (UCR), Walter Oio (PRO), Ingrid Blumencweig (Avanzar), Juan Manuel Rigau (UCR), Elena Pastor (UCR), Sergio Guardia (Avanzar) y Fidel Haddad (UCR) concurrieron esta mañana a la dependencia judicial, junto con el abogado Antonio Capello que patrocina la demanda.

“Este hecho constituye una clara violación a la ley de financiamientos de partidos políticos y campañas electorales”, sostuvo Cacace después de efectuar la denuncia. Porque según remarcó, el dinero fue utilizado para “financiar la campaña de Adolfo Rodríguez Saá a través de los actos públicos donde entregaron bienes”, donde según sostuvo, el candidato nacional invitaba a la gente “a votarlo en las elecciones”.

Con la denuncia los legisladores quieren que se investigue si los $80 millones, tal como lo indican las pruebas, fueron para financiar una campaña electoral que está regulada por una ley nacional. “Estamos apuntando a la corrupción, al financiamiento ilegal de la campaña y están bien identificados quiénes son los responsables”, indicó Cacace.

“Nosotros hicimos un pedido de informes en nuestra responsabilidad como legisladores, pero el oficialismo se negó a tratarlo, como así también a dar explicaciones en los medios. Es nuestra obligación como funcionarios públicos hacer saber de los delitos que se han cometido, y que sean investigados", declaró ante los periodistas.

Los denunciantes entienden que también hubo una malversación de caudales, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionarios públicos, peculado y fraude en perjuicio del Estado provincial. “Quedará en responsabilidad del fiscal investigar y que las autoridades correspondientes intervengan”, agregó.

Puntualizaron una violación a la Ley Nacional de Financiamiento de Partidos, en el sentido que esta norma es la que regula los aportes que pueden recibir las fuerzas políticas. “Prohíbe el aporte de personas jurídicas; por lo tanto no pueden las fundaciones aportar a las campañas nacionales, no puede hacerlo el Estado, más allá de lo que se distribuye a partir del ministerio del Interior”, agregó el dirigente radical.

“Creemos que hubo aportes ilegales que esta campaña recibió y debe ser investigado. La ley prohíbe el anuncio de planes oficiales, inauguraciones de obras y otras actividades tendientes a captar el sufragio en la campaña electoral”, dijo.

El bloque fundamenta la acusación en las pruebas que tienen y que al hacerse públicas recorrieron los principales medios nacionales: “El proyecto de cuatro carillas explicando para qué necesita el dinero, el convenio, la transferencia, el expediente y la orden de pago. Todos son elementos que configuran este hecho y es hora que el oficialismo lo reconozca y dé sus explicaciones y las motivaciones que lo llevaron a hacerlo”.

También apuntó que el oficialismo “entre sus tácticas” replicó las versiones de tres sitios online que se comprometieron en difundir la noticia, y los utilizó para dar noticias falsas: “Contra mi persona y la de Claudio Poggi, en el sentido que con esto buscamos eliminar los beneficios y esto no es así”.

Cacace expresó que a lo largo de la campaña los candidatos del frente que conforma han manifestado que “aquellos ciudadanos que puedan obtener beneficios sociales a partir de programas de la provincia debe hacerlo porque los fondos son públicos”.

Por otra parte, dijo que el frente cuestiona “la postura clientelar” de Adolfo Rodríguez Saá “de ponerse sin ser funcionario del Gobierno en la actitud de prometer y resolver los problemas por falta de vivienda y de trabajo. No es así como debe funcionar el Estado que debe tener una planificación y un otorgamiento de beneficios y subsidios bajo criterio”.

Agregó también que no hay dudas que “acá hubo utilización de fondos públicos para financiar una fundación” y que “entre los funcionarios que integran esa fundación y los propios gobernantes y su familia, $80 millones del presupuesto público”.