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Una mujer debe ser operada de urgencia pero no consigue la prótesis

Se trata de María Cristina Mesa, quien sufrió una severa fractura de tibia y peroné. Para su recuperación precisa una prótesis que cuesta $135 mil, pero no puede pagarla. Gestionó los trámites a través de Acción Social y está a la espera de alguna novedad. Contó que la empresa proveedora de los insumos no quiere trabajar con el Gobierno “porque le deben un montón de plata”.

La mujer espera la cirugía con los dolores que le causa la lesión.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 05/10/2017 11:22
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Hace 20 días, la mujer de 52 años, se tropezó en el ingreso de su vivienda y la caída le provocó una quebradura de gravedad que demanda ahora una intervención quirúrgica para insertarle una “costosa prótesis”.

Su esposo, Sergio Amaya le contó elchorrillero.com que “la operación debe hacerse lo antes posible”, pero en un primer momento, una trombosis que sufría su esposa, la demoró.

Para preservar la herida le asignaron “una especie de yeso, que cubre al pie con vendas y en la planta va suelto”, según indicó Amaya.

Tras una notable mejoría, el traumatólogo que la atiende en el Policlínico Regional consideró que “era hora de operarla”, por lo que el marido se encargó de las diligencias para conseguir la prótesis a través del sistema público.

“El 25 de septiembre me dirigí hacia Acción Social del Gobierno provincial para iniciar el expediente. Allí me explicaron que debía llamar por teléfono para el seguimiento, pero yo opté por ir en persona cada dos días para tener novedades”, explicó.

Además comentó que en todas las oportunidades que se acercó para averiguar el estado del trámite, le dijeron que “todo estaba bien”.

Según relató, el lunes se presentó en la oficina y fue atendido por “la jefa del área”, quien le explicó que “todo está encaminado, que el proveedor era de Mendoza y que había aceptado el presupuesto”.  Le confirmó que “sólo resta que el médico se contacte para establecer la fecha de cirugía”.

Este miércoles por la mañana, María Cristina Mesa asistió al hospital para ser revisada por el especialista. Luego de observarla y conversar con la pareja sobre la prótesis, el profesional les dijo que “nadie se había comunicado” con él.

Amaya se dirigió a las oficinas de Acción Social para ver qué había pasado. Allí relató lo último que le habían dicho, pero se encontró con una sorpresa.

Una empleada le desmintió que el proveedor fuera de Mendoza, y le explicó que en realidad “la empresa se llama Poyer y es de San Luis”. También le dio un número para que el médico los contactara.

Cuando el traumatólogo dialogó con los proveedores le dijeron que “no querían trabajar con el Gobierno porque le debían muchísimo dinero”, explicó el marido de Mesa, quien sintió que en ese momento se “desmoronaba”.

Después volvió a las oficinas estatales para que “se abriera un expediente nuevo”, pero le indicaron que no era posible porque “la empresa ya había aceptado el presupuesto”. “Poyer debe renunciar a lo que acordó por mail para poder efectuar otro trámite”, le aclararon.

Luego de las explicaciones, Amaya llamó personalmente al proveedor y este le ratificó su postura: “No quiero trabajar con el Gobierno”. Incluso contradijo a Acción Social: “Negó haber aceptado el presupuesto”.

“He quedado con mi esposa fracturada, ella está muy mal. Si tuviera $135 mil no molestaría a nadie, pero no los tengo, soy pensionado, trabajo pintando carteles, mi mujer es ama de casa y hasta antes de la caída tenía dos trabajos domésticos, no nos sobra la plata”, expresó.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, el hombre no había podido hablar con la jefa del área y no tenía novedades, con lo cual siente que están “a la deriva”, en medio del dolor físico y emocional de su esposa.

“La atención del policlínico es buena, no me quejo de ello, el problema es la prótesis, yo soy un hombre que labura nada más, si me hubiesen dicho que no podían de alguna forma iba a buscar las alternativas para pagarlo”, agregó.

“Uno ve a veces que hablan de tantas obras, y en esto que es lo básico, no lo tenemos. No hay nada, hay que vivir la calle”, cuestionó.

Ahora la pareja aguarda una solución al conflicto. Algunas personas se han comunicado ofreciendo ayuda, pero nada más que eso.

Sólo están acompañados de “lo único que les da un brillo a sus vidas”, según remarcó Amaya: sus siete hijos y sus ocho nietos.

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