Salvador Hugo Scarso y una intervención caracterizada por apremios, revueltas y suicidios
Asumió al frente del Servicio Penitenciario provincial a finales de abril para ordenar un organismo al que el Gobierno miraba con recelo.
El ministro de Seguridad, Ernesto Alí apenas tomó las riendas de la cartera, lo puso en funciones.
El gobernador Alberto Rodríguez Saá nombró a Salvador Hugo Scarso como interventor. Esa es una figura especial que le permite al funcionario, dentro de un tiempo determinado que se puede prorrogar, actuar con atribuciones para “poner en orden” el área en la que se supone hay anormalidades.
Justamente el decreto N°1872 de designación da cuenta de “la necesidad de proceder a la revisión integral de la organización y funcionamiento institucional” de la repartición para adecuarla a “las nuevas necesidades y requerimientos que en materia de seguridad exigen los tiempos”.
En la noche del viernes 28 de abril se conoció la noticia. A partir de ese día reemplazó a Ernesto Sáez.
Fue elegido porque tenía el “perfil ideal” para conseguir un mejor funcionamiento en las cárceles de San Luis; tal vez por su trayectoria como abogado penalista.
Sin embargo, su gestión que lleva casi seis meses, ya acumuló hechos que generaron un manto de dudas y que por la gravedad encendieron las alarmas sobre lo que verdaderamente ocurre en las dos cárceles que tiene la provincia.
Llamativamente, en el penal de máxima seguridad de Pampa de las Salinas ocurrieron los casos que fueron noticia.
Scarso tiene 30 años de trayectoria y su Estudio de abogado es muy consultado. Posiblemente por la experiencia que acumula es que cuando le asignaron la responsabilidad, que lo puso dentro del Gobierno como un funcionario público, no dudó en aceptar el desafío.
12 días después de que llegara para ordenar el sistema penitenciario, se encontró con el primer gran dolor de cabeza. El 10 de mayo, una muerte ponía en dudas por primera vez desde su inauguración, el sistema de detención de la cárcel de máxima seguridad de Pampa de las Salinas: Lucas Gómez, el protagonista del hecho más aberrante del año aparecía muerto en el interior de su celda.
Las circunstancias de su muerte generaron confusión en las primeras horas, pero tras la intervención del juez Sebastián Cadelago Filippi, el hecho para la Justicia y para Scarso quedó esclarecido y cerrado: el padrastro de Florencia Di Marco había decido terminar con su vida.
Gómez cursaba prisión preventiva bajo la acusación de haber violado y asesinado a su hijastra de 12 años. Desde el dictamen judicial, fue trasladado al presidio para estar bajo estrictas medidas de seguridad. Al momento de su muerte estaba aislado en la celda de un pabellón donde era el único habitante.
En los primeros días lo mantuvieron desnudo, según fuentes inobjetables.
Nunca quedó en claro qué pasó ese día y por qué las personas que debían custodiarlo advirtieron el hecho cuando Gómez ya estaba muerto.
El 29 de mayo, otro hecho ponía los ojos sobre una cárcel; esta vez en el Complejo Penitenciario Nº 1 ubicado en la ciudad. Ese día, al menos 12 internos participaron de una pelea, y ante la prensa Scarso descartó que haya sido consecuencia de un motín. La decisión impuesta fue trasladar a los involucrados al complejo más seguro ubicado en La Botija, a 210 kilómetros hacia el norte provincial.
La segunda muerte que se sumó a la gestión de Scarso se produjo este viernes, cuando Diego Morales, otro interno del mismo penal falleció a raíz de las heridas que sufrió cuando su cuerpo se prendió fuego.
El preso estuvo varios días en terapia intensiva, no solo porque las llamas le habían causado quemaduras en el 50% de su cuerpo, sino porque el humo había generado daños irreversibles en sus pulmones.
El hecho generó acusaciones de los familiares hacia las autoridades penitenciarias. Desde el primer momento denunciaron a la prensa que a Morales “lo habían prendido fuego” y que además estaba golpeado.
En contraposición, Scarso dio la versión oficial: “No me cabe absolutamente ninguna duda de que fue un suicidio, independientemente de la tarea investigativa que tiene que realizar la Justicia”.
Tras esta muerte, la Justicia deberá poner en claro cuáles fueron los motivos que terminaron con Morales incendiado.
Unos días antes que este hecho saliera a la luz el 6 de octubre, en Pampa de la Salinas ocurrió una golpiza que terminó en un escándalo.
Este jueves la jueza Virginia Palacios procesó a los guardiacárceles Pedro Moyano y Marcelo Albornoz en medio de una denuncia por “apremios ilegales”. Están acusados de propinarle una paliza a Cristian Palacios en la noche del 20 de septiembre.
El detenido sufrió una fractura y perdió dos uñas como consecuencia de los golpes.
Lo cierto es que Scarso le imprimió un tono político a la gestión de un área que por su propia complejidad se ha caracterizado por no tener ese perfil.