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El juez Maqueda se declaró incompetente en la denuncia por los $80 millones a Gisela Vartalitis

La Justicia Federal se expidió hoy en la causa iniciada a raíz del otorgamiento de un subsidio por parte del Gobierno a la esposa del senador Adolfo Rodríguez Saá.

FOTO ANSL
La Justicia Federal no investigará la denuncia formulada contra la esposa del senador Adolfo Rodríguez Saá.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 17/10/2017 16:27
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El dictamen del juez Juan Maqueda se conoció este martes. Ante él un grupo de diputados provinciales de Avanzar y Cambiemos habían realizado una denuncia para que investigue “una violación a la ley de financiamiento de partidos políticos y campañas electorales por parte del Estado provincial”.

La entrega del millonario aporte a la fundación de Gisela Vartalitis, que reparte electrodomésticos en plena campaña electoral, provocó la presentación.

“Se declara la incompetencia de la Justicia penal federal para entender en los supuestos delitos comunes denunciados y, en consecuencia, se decline la misma con remisión de los presentes al juez de Instrucción en turno de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia”, sostiene el escrito que firmó el magistrado y que se conoció cerca del mediodía.

Los dirigentes Alejandro Cacace (UCR), Walter Oio (PRO), Ingrid Blumencweig (Avanzar), Juan Manuel Rigau (UCR), Elena Pastor (UCR), Sergio Guardia (Avanzar) y Fidel Haddad (UCR) con el patrocinio de los abogados Roberto Pagano y Antonio Capello formalizaron la denuncia penal el pasado lunes 2 de octubre, en relación a la transferencia de los $80 millones a la Fundación “Mujeres Puntanas” que conduce la cuñada del gobernador, Gisela Vartalitis.

La denuncia alcanzó al gobernador Alberto Rodríguez Saá y al senador Adolfo Rodríguez Saá, ambos candidatos en las próximas elecciones, “cuya campaña ha sido financiada a través de estos hechos”, apuntó el diputado Alejandro Cacace el día de la presentación formal del escrito.

También al vicegobernador Carlos Ponce, quien firmó el decreto para transferir el subsidio; al ministro de Medio Ambiente y del Campo, Sergio Freixes quien firmó el convenio con la fundación y la ministra de Hacienda, Natalia Zabala Chacur porque fue quien hizo la transferencia y dio la orden de pago. Incluye además al fiscal de Estado, Eduardo Allende y al contador general, Daniel Marone.

Con la denuncia los legisladores querían que se investigara si los $80 millones, tal como lo indican las pruebas, fueron para financiar una campaña electoral del senador Rodríguez Saá que está regulada por una ley nacional.

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