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Pidieron el embargo de los fondos de la fundación de la esposa de Adolfo R. Saá

El diputado Alejandro Cacace pidió a la Justicia penal provincial que “ordene en forma inmediata” la medida en el marco de la denuncia por el otorgamiento de $80 millones a Gisela Vartalitis.

Foto ANSL
Legisladores opositores pidieron el embargo de los fondos transferidos a la fundación "Mujeres Puntanas".
Actualizada: 18/10/2017 09:37
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Inicialmente legisladores del Frente Avanzar y Cambiemos por San Luis recurrieron a la Justicia Federal para denunciar al gobernador Alberto Rodríguez Saá; a su hermano, el candidato a senador nacional, además de varios funcionarios y Vartalitis por la entrega de un subsidio en tiempo récord.

Los dirigentes opositores entendieron que, entre otros delitos, se violó la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos al transferirse los fondos a la fundación “Mujeres Puntanas” que preside la esposa del Adolfo Rodríguez Saá.

El diputado Alejandro Cacace formuló una presentación en la que deberá expedirse el juez Sebastián Cadelago Filippi

Como el juez Federal, Juan Maqueda se declaró incompetente, Cacace  formalizó la presentación ante el juez provincial Sebastián Cadelago Filippi, más allá que entiende que la causa debe tramitarse en el fuero nacional.

Así promovió que se “ordene en forma inmediata tanto el embargo preventivo sobre los fondos existentes en la cuenta bancaria abierta en el Banco Supervielle” y se deposite el dinero “en una cuenta judicial a la orden y cuenta” del juzgado hasta que finalice la investigación.

Pidió además que la entidad bancaria, donde se encuentra la cuenta, remita “todos los cheques y/o transferencias realizadas por la fundación”.

Por otro lado requirió que se inspeccione si en la sede de la Fundación Mujeres Puntanas, ubicada en Avenida Presidente Perón 759/783 Piso 15 Oficina “Q”,  si en el mismo lugar “se desarrolla actividad política de cualquier tipo” y en particular de Adolfo Rodríguez Saa para las próximas elecciones del 22 de Octubre.

El lunes 2 de octubre legisladores de la UCR, el PRO y Avanzar  interpusieron la demanda en relación a la transferencia de los $80 millones a la entidad que conduce la cuñada del gobernador Alberto Rodríguez Saá.

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