¿Cómo votarán los diputados de San Luis el pedido de desafuero de De Vido?
Hace 90 días, Poggi y Riccardo se pronunciaron por expulsarlo, mientras que los legisladores de Rodríguez Saá apoyaron la continuidad en el cuerpo del exministro kirchnerista.
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados hizo lugar este martes por la tarde al pedido de desafuero y suspensión de Julio De Vido, que será tratado este miércoles en el recinto. Por segunda vez en el año, se discutirá en ese ámbito el futuro del influyente exfuncionario.
El 27 de julio el kirchenerismo, con el apoyo de Compromiso Federal y otros aliados, impidió la expulsión de Julio De Vido de la Cámara Baja.
En esa sesión los legisladores por San Luis, Claudio Poggi (Avanzar) y José Riccardo (Cambiemos) votaron por el apartamiento del exministro de Planificación Federal de Néstor y Cristina Kirchner. Mañana votarán en la misma dirección.
En cambio, ese día, Ivana Bianchi, Alfredo Domínguez y Berta Arenas formaron parte de los 98 legisladores que avalaron la permanencia como diputado de la Nación de Julio De Vido.
Los tres responden a Rodríguez Saá que mantiene una alianza con Cristina Kirchner, de hecho Compromiso Federal es uno de los partidos que conforma Unidad Ciudadana. Los únicos que no suscribieron hoy el dictamen fueron justamente Rodolfo Tailhade y Analía Rach Quiroga del Frente para la Victoria
Ahora en el Congreso el panorama es distinto. Cambiemos en principio cuenta con los votos suficientes para aprobar el desafuero. En el ámbito de la comisión 23 de los 25 miembros firmaron el dictamen favorable, incluidos algunos bloques opositores.
Dos pedidos de desafuero.
Por un lado el juez Luis Rodríguez pidió la detención en la causa por el desvío de fondos superiores a los $26.000 millones en el proyecto de la mina de Río Turbio.
Fue denunciado por un fraude contra el Estado de al menos $ 264 millones. Aunque el monto de la corrupción podría ascender, ya que entre 2005 y 2015 el gobierno K destinó al menos $ 26.000 millones para el complejo localizado en Santa Cruz.
El segundo caso está a cargo del juez Claudio Bonadío que lo investiga por un presunto sobreprecio de casi $7 mil millones en las compras de unos 500 buques de gas natural licuado entre 2008 y 2015.