Entrega de tablets en el PJ: “Hubo un manejo impúdico de bienes públicos en provecho propio”
El dirigente Ricardo Bazla sostuvo que “el caso no debe quedar impune” por lo cual dijo que está “expectante” ante la convocatoria de la Justicia en esta instancia del proceso a los testigos.
El abogado denunció ante la Justicia Penal la entrega de tablets de un programa de Gobierno a punteros del Partido Justicialista durante la última campaña electoral de Adolfo Rodríguez Saá.
El dirigente villamercedino sustentó su presentación de “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, peculado, malversación de caudales públicos y violación del juramento constitucional”, contra las ministras Alicia Bañuelos, María Angélica Torrontegui y Natalia Zabala Chacur en una publicación de este medio.
Elchorrillero.com publicó el 16 de septiembre que el día anterior coordinadores de los merenderos del ministerio de Desarrollo Social, recibieron en las sede del PJ dispositivos que fueron adquiridos por el Estado en el marco del Programa “San Luis 3.0”.
Bazla planteó formalmente que hubo un uso “político partidario” de programas oficiales.
“Ante la incomparencia de casi todos los testigos en la primera citación, estoy expectante para que esta causa no se convierta en un nuevo caso de impunidad. Hubo un manejo impúdico de bienes públicos en provecho propio”, dijo el dirigente.
Bazla sostuvo que desde el Estado se favoreció la candidatura del reelecto senador Rodríguez Saá.
Hoy se conoció que la jueza del Crimen, Virginia Palacios llamó a declarar por segunda vez como testigos al rector de la ULP, Fernando Salino, quien deberá comparecer el 6 de diciembre. A Darío Rosas Curi, presidente del PJ de La Punta y Gloria Velásquez, jefa de Área Cabildo, los convocó para el 7 de diciembre. Los tres inicialmente fueron citados a principios de este mes.
También deberá presentarse el director de elchorrillero.com, Daniel Miranda quien ya concurrió a la primera requisitoria judicial.
“La jueza actuó con celeridad al remitir los oficios al Gobierno para que informe si dictó un acto administrativo que lo habilitó a entregar las tablets a otros beneficiarios distintos a los establecidos en un primer momento”, señaló Bazla.
El 15 de septiembre, tal como informó este medio, punteros de Compromiso Federal afectados a los merenderos fueron convocados a las instalaciones del partido gobernante, ubicadas en Avenida Héroes de Malvinas en la ciudad de San Luis.
Según contaron los propios coordinadores retiraron los dispositivos que iban a utilizarlos para enviar información e imágenes desde los centros fundados el “22AG”. De ese modo se hacía un seguimiento y podían acreditar que cumplían los objetivos para poder cobrar.
El disparador de la denuncia fue que ellos no figuran entre los beneficiarios de los 122.500 aparatos del plan que presentó a principios de años el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá.
Bazla planteó formalmente que hubo un uso “político partidario” de programas oficiales.
“Quedaría probada la criminalidad del acto, desde el momento que anuncian y publicitan una reunión donde se informará sobre la entrega de bienes públicos, pero con claros fines partidarios. No se realizaron idénticas reuniones en otros partidos políticos que no forman parte del oficialismo provincial, sino que todo quedó circunscrito al ámbito gobierno-partido que tienen las mismas cabezas visibles”, señaló en ese momento.