Elevaron a juicio la causa contra cinco “narcopolicías” de Villa Mercedes

La metodología habría sido privarlos de la libertad, conseguir información a través de apremios ilegales, realizar los allanamientos y posteriormente "blanquear" a los supuestos detenidos, según se publicó en fiscales.gov.ar

El fiscal federal de San Luis Cristian Rachid solicitó la elevación a juicio de la investigación seguida contra cinco policías  de la Unidad Regional II Distrito Metropolitano de Villa Mercedes, por tres casos de secuestro coactivo y uno de apremios ilegales, hechos cometidos con el propósito de obligar a las víctimas a brindar información precisa sobre los lugares donde se encontrarían resguardados estupefacientes y dinero para, finalmente, apropiarse de éstos, ya sea en los sitios allanados por orden judicial o en otros previamente identificados con la misma modalidad coactiva.

La causa tuvo su origen a partir del comparendo espontáneo –días después de practicados los allanamientos fraguados-, a la delegación Villa Mercedes de la Policía Federal de una de las víctimas, quien -junto a su hermana- reconoció su relación con el material estupefaciente secuestrado, dio detalles sobre el origen del mismo, así como de los abusos policiales de los que fue objeto.

Judicializada esa actuación policial, la declaración de la víctima se reencausó a través de la figura del “arrepentido”, en la versión regulada por el –entonces vigente- art. 29 ter de la Ley 23.737 (agregado por Ley 24.424), iniciando a partir de allí una investigación independiente que permitió desentrañar la maniobra criminal de los acusados.

En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Rachid describió tanto el accionar ejecutado como la responsabilidad que se le atribuye a cada uno de los acusados, entre los que se encuentra el ex comisario y jefe de la de la Oficina de Investigaciones U.R. II de esa ciudad Juan Carlos Acevedo.

El 28 de enero entre la mañana y el mediodía, tres víctimas fueron privadas de su libertad por policías de civil en Villa Mercedes y trasladadas a la Oficina de Investigaciones Criminales UR II de la Policía de la Provincia de San Luis de esa localidad. En los dos primeros casos, intervinieron al menos cuatro efectivos y dos vehículos, uno de los cuales fue identificado como una camioneta Chevrolet S10 blanca doble cabina con los vidrios polarizados, adonde entre las 11:30 y las 12 fueron obligados violentamente a subir.

En tanto, alrededor de las 11 de ese mismo día, un Chevrolet modelo corsa ocupado por dos personas también blanco se acercó al automóvil particular que manejaba “O” por la Avenida Mitre. El conductor "le preguntó cuánto pedía por su auto, la víctima redujo la velocidad, le dijo que 30.000 pesos. Le pidieron ver el motor, ante lo cual se detuvo y abrió el capot. Ahí, le dijeron que quería ver el baúl, no el capot y recién entonces se identificaron como polícias.  “O” fue obligado a conducir hasta la Oficina de Investigaciones.

Según la investigación a cargo del fiscal Rachid, “A” fue apremiado con golpes y amenazas de muerte por los imputados y siempre con el mismo objetivo: la exigencia de brindar el lugar de guarda de la sustancia prohibida.

Entonces, los policías gestionaron distintas órdenes de allanamiento ante el Juzgado de Instrucción N°3 de Villa Mercedes, invocando al efecto y haciendo insertar falsamente un parte policial dirigido al juez y firmado por el jefe Acevedo, que en dichos lugares se encontrarían efectos personales supuestamente sustraídos el 24 de enero de 2015 a una mujer.

La solicitud del operativo fue recibida en el Juzgado a las 15:30. El juez habilitó los allanamientos para un lapso de tiempo comprendido entre las 16:30 y las 20. En todos los domicilios, se repitió la metodología: los policías hallaban de manera "casual" varios paquetes de marihuana y unas 50 dosis de LSD y daban intervención a la División Lucha contra el Narcotráfico de la Provincia.

Mientras tanto, los tres hombres secuestrados continuaban privados de su libertad en la comisaría. Una vez concluidos los procedimientos, fueron "blanqueados" con pedidos de "antecedentes y medios de vida", firmados por los mismos uniformados que habían organizado la maniobra.

Plan Criminal

De acuerdo al fiscal Rachid, durante la pesquisa –delegada en la Fiscalía en los términos del art. 196 bis del CPPN- se recolectaron elementos de prueba que permiten acreditar que los ex policías Pablo Acosta Colautti, Guillermo Damián Lemos, William Alberto Días y Silvio Guillermo Coria y el ex comisario Acevedo, actuando en base a un plan criminal común y con reparto de tareas para cumplir el mismo, sustrajeron, retuvieron y ocultaron a las tres víctimas mencionadas  y aplicaron apremios ilegales a “M G” durante una declaración que se le tomó bajo amenazas en la Oficina de Investigaciones de la U.R. II.

Los ex policías, actuando en base a un plan criminal común y con reparto de tareas, sustrajeron, retuvieron y ocultaron a tres víctimas  y aplicaron apremios ilegales a una cuarta.

El representante del MPF expresó que todo ello tuvo como propósito obligarlas a hacer algo contra su voluntad, esto es, suministrar información precisa a los encartados de los lugares en donde se encontraría resguardada sustancia estupefaciente y dinero, de cuya existencia y origen –esto es, la previa sustracción de la sustancia prohibida a un tercero, que supuestamente  habrían cometido “A”, “O” y “G”, tenían previa información los imputados y que, posteriormente, resultó secuestrada, acaso sólo en fracción , merced a una orden de allanamiento de la justicia provincial que los imputados diligenciaron y obtuvieron invocando información falsa.

Calificación legal

El representante del MPF requirió que los imputados sean juzgados como coautores penalmente responsables de los delitos de: secuestro coactivo agravado por tratarse de integrantes de una fuerza de seguridad al momento de los hechos y por la participación de tres o más personas (arts. 142 bis incs. 5 y 6 del CP), en concurso real con imposición de apremios ilegales a detenidos (art. 144 bis inc. 3 CP), todo ello por tres hechos en concurso real; así como por un caso (4° hecho) de imposición de apremios ilegales agravados por haberse llevado a cabo con amenazas (arts. 144 bis inc. 2 y 142 inc. 1 del CP) ; y finalmente por falsificación ideológica, en las modalidades de insertar y hacer insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe probar (art. 293 1° párr. del CP).-