Muertes, torturas y droga en la cárcel de Pampa de las Salinas; piden informes al Gobierno
Son los puntos que pretende develar un pedido de informes realizado por el bloque de Cambiemos. También planteó “el posible ingreso de personas para el ejercicio de la prostitución” en el penal de máxima seguridad que tiene San Luis.
La solicitud está fundamentada en los diferentes hechos polémicos ocurridos este año tales como el fallecimiento de internos en “situaciones poco claras”, y también por “motines, enfrentamientos de presos con los penitenciarios y la detención de personas que merodeaban sus instalaciones”.
La iniciativa acompaña la solicitud que realizó el Observatorio Internacional de Prisiones al Gobierno de San Luis el 7 de noviembre, para que investigue las irregularidades que el organismo recibió como “quejas”.
La carta, que está firmada por la responsable de la institución, Graciela Dubrez, puntualiza que el Servicio Penitenciario ubicado en La Botija “estaría tolerando o alentando el tráfico de estupefacientes a través de visitas que ejercerían la prostitución dentro de la cárcel”.
En su pedido, el bloque opositor enumeró los interrogantes que existen en torno al funcionamiento de la alejada cárcel.
Los diputados quieren saber la capacidad de alojamiento en el complejo penitenciario, la cantidad de reclusos que contiene actualmente, cuál es la distribución de la población interna y situación procesal, los días de visita, los modos de requisas, acreditaciones, protocolos y el control de tráfico de estupefacientes.
Otra de las inquietudes que Cambiemos puso en la mesa es conocer con certeza, “si es cierto”, que a la cárcel “ingresan personas que ejercen la prostitución”, y “qué medidas tomaron las autoridades”.
Para el reelecto diputado radical, Alejandro Cacace, “no es la primera vez que la cárcel sufre un cuestionamiento”, y fundamentó: “En 2014, luego de que se supieran los apremios y requisas con trato degradante en el Complejo Penitenciario de San Luis, el extitular de la Procuración Penitenciaria Nacional, Francisco Mugnolo afirmó que San Luis tenía una cárcel construida en el desierto”.
Por otra parte denunciaron que “hace años” que la provincia no adhiere a los protocolos para evitar la tortura y penas crueles en sus instalaciones penitenciarias.
Seis meses y dos muertes
El 2017 ocurrieron situaciones que pusieron en el ojo de la tormenta a los responsables de organizar el sistema carcelario de la provincia.
El 28 de abril, Hugo Scarso reemplazó a Ernesto Sáez como interventor de un sistema cuestionado por el Gobierno, y de esa manera se propuso un mejor funcionamiento en las cárceles de San Luis.
A partir de allí, dos muertes, apremios ilegales y revueltas encendieron las alarmas sobre lo que verdaderamente ocurre en las dos cárceles que tiene la provincia.
El primer caso resonante ocurrió el 10 de mayo cuando el acusado de unos de los delitos más aberrantes del año, Lucas Gómez, fue encontrado sin vida en el interior de su celda en la cárcel de máxima seguridad.
Tras el dictamen de su procesamiento, se ordenó su traslado a Pampa de la Salinas para que esperara el juicio bajo estrictas medidas de seguridad, que al final fracasaron. La Justicia concluyó que el hombre acusado de violar y asesinar a su hijastra de 12 años se había quitado la vida.
El 13 de octubre se sumó una segunda muerte en el penal de La Botija. Diego Morales falleció como consecuencia de las heridas que el fuego le causó a su cuerpo. Oficialmente dijeron que había sido un “intento de suicidio”, pero la familia cuestionó la versión.
El 4 de octubre, Morales tuvo que ser trasladado al Hospital San Luis donde quedó internado en terapia intensiva, en coma inducido. El fuego se inició en una celda y le causó quemaduras en su espalda, brazos, orejas, en la cara, nariz y hasta en las manos.
El pedido tomará estado legislativo este miércoles si hay sesión.