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La Corte ordenó que la causa de los $80 millones a la fundación Mujeres Puntanas vuelva a la Justicia Federal

Según el Alto Tribunal, el juez Sebastián Cadelago Filippi al declararse incompetente debió remitir el expediente a su par del fuero federal, Juan Maqueda.

Foto ANSL
El primer acto de la fundación se realizó en agosto en La Punta.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 07/12/2017 21:12
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Ahora la denuncia por el otorgamiento de un subsidio de $80 millones que hizo la gestión de Alberto Rodríguez Saá a la fundación que preside Gisela Vartalitis, esposa del senador Nacional, Adolfo Rodríguez Saá, volvió a la justicia Federal.

Si Maqueda insiste con su incompetencia, tendrá que enviarse otra vez el expediente a la Corte Suprema de Justicia.

“Todavía no está definida la contienda de la jurisdicción”, confirmó el abogado Antonio Capello que patrocina a los diputados de Avanzar y Cambiemos por San Luis.

“El juez Federal se dejó una parte de las implicaciones que es la cuestión electoral, pero el resto de los hechos imputados dijo que es competencia del juez provincial. Este dijo que es incompetente porque la conducta a investigar es indivisible pero no se lo comunicó a Maqueda, directamente remitió la causa a la Corte”, explicó Capello en declaraciones a elchorrillero.com.

En septiembre el portal zbol reveló que el Gobierno había autorizado en tiempo récord la entrega de un millonario aporte a la Fundación Mujeres Puntanas.

Nueve días después de haber obtenido el reconocimiento de la Dirección de Personas Jurídicas, fue beneficiada la entidad liderada por la esposa del entonces candidato a senador del Frente Unidad Justicialista.

Con esos fondos la fundación se proponía comprar electrodomésticos para luego repartirlos en el marco de un programa.

Los legisladores sostuvieron que de esa forma se favoreció la candidatura de Adolfo Rodríguez Saá.

Por esa razón denunciaron que se violó la Ley Nacional de Financiamiento de los Partidos Políticos. Eso explica porque se recurrió al fuero federal.

Al mismo tiempo entendieron que el gobernador Alberto Rodríguez Saá; el expresidente de la Nación; el vicegobernador Carlos Ponce; los ministros Sergio Freixes y Natalia Zabala Chacur y el Contador General, Daniel Marone incurrieron en la comisión de delitos.

El único movimiento que hubo hasta acá fue un pedido del fiscal Federal, Cristian Rachid a la fundación sobre el destino del dinero.

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