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La Salada: torturas, vínculos con funcionarios, barrabravas, y coimas

Por Andrés Klipphan (*)

Juan Manuel Louzan, alias “JP”, ex policía bonarense y jefe de seguridad de Urkupiña.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 17/12/2017 13:41
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Juan Manuel Louzan, alias “JP”, expolicía de la bonaerense que se entregó después de tres meses prófugo, era jefe de seguridad de la feria y declaró ante la Justicia

La organización mafiosa que funcionaba en la gigantesca feria ilegal de La Salada fue expuesta ante la Justicia por uno de sus líderes, Juan Manuel Arturo Louzán. El exonerado policía bonaerense se entregó después de haber estado tres meses prófugo. Era el jefe de seguridad de Urkupiña.

Manejaba un ejército paralelo de 120 vigiladores, y lo hacía bajo las órdenes de Enrique “Quique” Antequera, alias el “Virrey de La Salada”, uno de los líderes de las dos asociaciones ilícitas que desplegaban su arsenal ilegal en el predio ubicado en la localidad de Budge. La otra era manejada por Jorge Castillo, el mediático “Rey de la Salada”, dueño de Punta Mogotes. En su indagatoria, Louzan confirmó alguna de las sospechas que tenía el fiscal Sebastián Scalera; y aportó datos precisos que le serán imprescindibles al juez federal Federico Villena para cuando clausure la investigación y decida enviar a juicio oral y público a los casi 50 procesados con prisión preventiva que tienen los expedientes denominados “Salada I” y  “Salada II”.

Salida de la mercadería robada en autos por los portones que van del 1 al 6. Vínculos con funcionarios municipales con quienes se “coordinaba las medidas seguridad dentro del predio y en los corredores externos”. Pago de coimas para liberar la zona a “las mecheras” y “pungas”. Estafas a los incautos clientes denominada “toco moyo”. Torturas y retenciones ilegales para los delincuentes que no pagaban “una cuota por feria” al jefe de Seguridad. Vínculos con barras de Boca y River, que regenteaban los puestos de la calle a fuerza de extorsiones y mano dura, entre otros delitos, como la venta de ropa, que violan a la ley marcaria, trabajo esclavo y trata de personas.

En su declaración indagatoria, Louzan trató de convencer a fiscal y juez que esos delitos ocurrieron hasta diciembre de 2013, es decir antes de que él se hiciera cargo de la seguridad de Urkupiña. Que lo incriminan por “venganza” ya que fue la razón del despido de varios empleados de la empresa de seguridad Vea-Soli y que una de las abogadas que colaboran con la diputada nacional Elisa Carrió plantó pruebas para incriminarlo.

Estos argumentos defensivos parecen carecer de certidumbre para los funcionarios judiciales ya que, según pudo saber Infobae, el fiscal Scalera solicitará su procesamiento con prisión preventiva.

Las bandas de las “mecheras”

Para el Director Nacional de Investigaciones, Rodrigo Bonini, prófugo y todo, Louzan seguía manteniendo contactos con su desmantelada organización criminal, pero se vio forzado a entregarse por la presión de los uniformados que lo buscaban.

“Detrás de La Salada funciona aún hoy un negocio ilegal vinculado a la manufactura de los productos que se venden allí. Es una organización criminal dedicada, sobre todo, a la confección de este tipo de prendas, para luego ser vendidas en La Salada que, en definitiva, es una enorme boca de expendio que se transformó en un gran proveedor a distintas saladitas y ferias comerciales de distintos puntos del país”, le explica a Infobae Bonini.

El ex jefe de seguridad contó que en el predio establecido en una de las zonas más pobres de Lomas de Zamora, y donde las bandas narcos disputan su territorio a fuerza de balas y sangre, funcionaba un fabuloso negocio ilegal donde convivían varias organizaciones mafiosas, pero también un verdadero mercado del delito, entre ellos el conformado por cuatro grupos de “mecheras”, mujeres a las que se les permitía robar a los clientes y puesteros, por 12.000 pesos diarios, algo así como el diez por ciento de la recaudación.

Una verdadera industria prohibida formada por un cuarteto de líderes ladronas, amparadas por una ley propia, que se denominaban la banda de “La Gorda”, la banda de “Lorena”, la banda de “La Diente” y la banda de “La Lunga”.
Las que no pagaban “el tributo” al jefe de seguridad para delinquir, o las “mecheras” que ingresaban a La Salada como “cuentapropistas”, eran humilladas y torturadas. Las obligaban a desfilar semidesnudas por los puestos, o encerradas en una oficina, maniatadas y golpeadas.

Louzan dijo ante fiscal y juez que los vídeos difundidos mostrando esas escenas no ocurrieron en la feria Urkupiña. Pero no descartó la posibilidad que eso pudiese haber ocurrido en el sector que regenteaba “Quique” Antequera “antes que me hiciera cargo de la seguridad del predio”.

El 6 de diciembre pasado, casualmente el mismo día en que el ex suboficial de la bonaerense se entregara en los tribunales de Camino Negro vestido de jean y camisa de mangas cortas, unos 500 efectivos de la Policía Federal, de la Ciudad y la de la Provincia de Buenos Aires, desplegaron un megaoperativo en La Salada a raíz de 16 denuncias por violación a la ley de marcas. Es decir, por vender ropa trucha simulando ser de primeras marcas.

Las autoridades decomisaron mercadería ilegal en las ferias Ocean, Punta Mogote y Urkupiña por un valor superior a los 35 millones de pesos. “En La Salada había un negociado oculto por parte de gente que estaba a cargo de la seguridad antes que yo llegara. El responsable esos delitos era Facundo Coria, mi antecesor en el cargo; el otro era Pedro Coria, el jefe de playa, y Miriam Irala, la supervisora. Yo le pedí a Quique que los echara. Estas personas fueron despedidas e indemnizadas. A partir de ahí, me hice cargo de la Seguridad del predio y se terminaron los delitos”, aseguró Louzan durante la indagatoria.

“Después de un tiempo, y por incumplimiento de labores, también fueron despedidos el supervisor Eduardo Meza y el controlador Gabriel Maidana. Ahí es cuando me entero que la abogada de Coria -Mónica Frade- reclutó a toda esta gente y les dijo que los representaría de manera gratuita en el juicio laboral si salían de testigos en una causa penal”, que involucraría a Louzan y Antequera, entre otros.

Parte de estas denuncias son el sustento de la acusación del fiscal Scalera y del titular del Juzgado Federal 2.

El ex policía preso entiende que la causa tiene un importante “componente político” porque la abogada Frade es una de las estrechas colaboradoras de la diputada nacional y cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió.

De hecho, la letrada firmó varias de las denuncias que la ex candidata a la Presidencia de la Nación realizó ante la Justicia.

Trabajo esclavo

“La gran génesis del conflicto radica en que a La Salada viene a comprar gente de todo el país. Es una actividad que se sostiene por la clandestinidad, la explotación laboral, la trata de personas”, recuerda el Director Nacional de Investigaciones y recalca que “un gran porcentaje de esta actividad ilegal proviene de los talleres clandestino con todas las calamidades que esto conlleva”.

Bonini informa que una semana antes del último allanamiento a La Salada, Gendarmería Nacional y funcionarios de Migraciones, por orden del juez Villena, allanaron cinco viviendas y dos talleres clandestinos ubicados en Villa Celina, en La Matanza.

En los operativos fue detenida Carolina Esther Rodríguez Callejas, una ciudadana boliviana que integraba “una organización criminal dedicada a la fabricación y falsificación de vestimentas de reconocidas marcas que posteriormente distribuían y comercializaban en la Feria La Salada”, recuerda el funcionario judicial.

Además de las camisetas y escudos de fútbol plagiadas de equipos como Barcelona, Juventus, Boca, Manchester City, Racing, Defensa y Justicia y Bayern Munich, entre otras, los investigadores descubrieron una verdadera mafia de esclavistas laborales “que desarrollaban su actividad laboral ilegal en un barrio marginal ubicado en Villa Celina, detrás del Mercado Central”.

Bonini detalla que la confección de la indumentaria se realiza con maquinarias “de gran sofisticación y tecnología valuada en dos o tres millones de pesos por máquina”.

Es decir que esta actividad ilegal requiere no solo de una gran inversión, sino también de protección política y policial para, por ejemplo, “no ser robada, ni clausurados los locales por las autoridades locales ya que su producción no pasa desapercibida”.

Esa ropa trucha, como quedó demostrado, terminaba en La Salada y en los puestos externos.

Sobre ese tema el ex jefe de seguridad Antequera relató sin rodeos ante la Justicia que “en los alrededores de la feria había un verdadero descontrol y una mafia organizada a la cual estaba vinculado el sobrino de Castillo, Adrián Castillo, que estaba siempre a la altura del portón 4″.

Por allí se movía como pez en el agua Marcelo “el Manco Aravena”, el barrabrava de Boca que como Louzan también estaba prófugo pero cayó detenido al, igual que su socios en el delito, el otro caracterizados integrante de “La 12”, Hernán Edgardo Ávalos, conocido como “El Fantasma” y que estaba escondido junto a los hermanos Roberto Ezequiel “Chicho” Barraza y Emanuel Barraza, también integrantes de la barra del club de la Rivera y fuerza de choque de Antequera, y que regenteaba -según la Justicia- el ex policía Louzan, aunque este lo niegue.

Según el fiscal Escalera, y siempre con la complicidad de Louzan, y a sabiendas de Antequera, los barras, manejaban un negocio mafioso que les aportaba una recaudación de unos seis millones de pesos mensuales que repartían entre los integrantes de la “asociación ilícita”.

Los tres barras de Boca están presos y acusados de los delitos de “asociación ilícita, amenazas y coacciones agravadas”, contra los puestero y carreros externos a los que les cobraban entre 300 y 600 pesos por feria para dejarlos trabajar.

En uno de los tramos más salientes de su declaración, el ex “poronga” de La Salada declaró que, entre los puesteros externos manejados por las barras de Boca, de River y Los Chaqueños, “había muchas peleas, sobre todo entre carreros, y carreros contra compradores. Gente que se trataba de linchar”.

Según los croquis que dibujó durante su declaración “los puestos callejeros sobre la calle Tilcara los manejaban los de River y los Chaqueños. Los que estaban ubicados sobre la calle Virgilio, a mitad de la feria, eran manejados por las facciones de los barras de River y de Boca”.

Para el magistrado y el fiscal, esos datos son claves porque terminan de aportar certeza a los detalles que ya habían declarado los testigos que Louzan desprecia e invalida por “políticos”.

Para mayores referencias, y ante una pregunta del punzante fiscal Escalera, el detenido aseguró que los violentos hombres de la barra de Boca “durante un tiempo ingresaban a la feria, dejaban los autos adentros, en los estacionamientos, y después se iban a coordinar los puestos de afuera”.

-¿Cómo se destruye la organización mafiosa de La Salada que hoy en día parece tener cierta continuidad, a pesar de que los principales cabecillas están presos?, le preguntó Infobae a Rodrigo Bonini.

-Atacando los talleres clandestinos que es un sistema de captación de personas. Estas organizaciones mafiosas captan a sus víctimas en países vecinos como Bolivia para después explotarlas en nuestro país en talleres clandestinos, por ejemplo en el Conurbano Bonaerense, gracias a la connivencia municipales y de otros estamentos que hacen la vista gorda para que estas redes delictivas mafiosas se desarrollen y extiendan.

Según pudo observar el ex policía preso Louzan, entre los que ingresaron al interior del predio de Urkupiña para intentar hablar con Antequera, presuntamente para coordinar la distribución y el arreglo comercial compulsivo con los puestos callejeros fue, además del ‘Manco’ Aravena, Esteban ‘Pato’ Agüero quien, junto al ‘Manco’ buscaban “muchos disturbios” afuera del predio.

“Los barras de Boca querían hablar con Antequera, quien no los recibió, después de los violentos hechos por la disputa de los puestos que terminó con muertos y todo”, sostuvo el ex jefe de seguridad de Antequera.

Se refería a la toma de puestos que comenzó en el año 2013 para repartirse el negocio mafioso y extorsivo de los puestos externos con los barras de River y “Los Chaqueños”, que terminó con al menos cuatro crímenes.

Sobre el final de la indagatoria, Louzan contó que en La Salada existía también una organización que, en complicidad el anterior jefe de seguridad, estafaban a los incrédulos con una especie de cuento del tío que se denomina “toco moyo”.

Esto es armar fajos de billetes supuestamente de diez mil pesos compuestos por dos billetes de $100, uno arriba y otro abajo y papel de diario en el medio.

El fajo se dejaba en los pasillos, y cuando alguien se agachaba a recogerlo, el estafador disputaba el hallazgo. Después una larga discusión, en la que intervenían los vigiladores privados, el incauto accedía a pagar de su bolsillo 500 pesos a cambio del “toco” de billetes encontrados. Verdad o ficción, esto consta en la declaración brindada ante el fiscal y juez.

Allí también consta que al menos dos funcionarios de la intendencia de Lomas de Zamora combinaban con él las acciones de seguridad que se desarrollarían durante cada feria.

La defensa de Louzan, a cargo de Lucio de la Rosa ya los llamó como testigos, al igual que a las “mecheras” para que describan cuál de los dos jefes de seguridad de Quique Antequera las torturaba.

La fiscalía aún no decidió a quien llamará a declarar de esa lista de casi 50 nombres. Ni si profundizará sobre la supuesta animosidad de la abogada de la diputada Carrió con parte de los procesados por formar parte de la violenta mafia de La Salada.

“El desafío del Estado para terminar con estas organizaciones delictivas es más social que de política criminal. Tienen que actuar otros organismos para desterrar la mafia laboral como la prostibularia. Pasa lo mismo con el narcotráfico. Aumentan las incautaciones, pero paralelamente aumenta el consumo”.

-¿Y entonces cual es la solución?, quiso saber Infobae. Después de reflexionar unos segundos, el Director Nacional de Investigaciones respondió: “Claramente, la única respuesta no es la pata criminal. Tiene que haber una respuesta de desarrollo social, de políticas de salud, de trabajo y económica. Pasa lo mismo en la problemática de La Salada y los talleres clandestinos que utilizan a indocumentados muchas veces presionados y extorsionados para producir ropa trucha que después es vendida en ferias que tenían hasta fuerzas de choque propias, comandadas por sus jefes de seguridad, para amenazar, extorsionar y lograr sus cometidos mafiosos”.

(*) Para Infobae

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