Detuvieron a Fabián De Souza y buscan a Cristóbal López tras el pedido de Julián Ercolini

El juez Julián Ercolini procesó con prisión preventiva a Cristóbal López y Fabián De Sousa y ordenó sus detenciones por un presunto fraude millonario al Estado durante la presidencia de Cristina Kichner. Además, los embargó por $17.042.509.692. También, procesó sin prisión preventiva al extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

Fabián De Souza fue detenido en su departamento de Juana Manso al 1100, en Puerto Madero. Los oficiales todavía buscan a sus socio, el titular del Grupo Indalo.

El juez los consideró autor del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública. Se los acusa de haberse quedado con los impuestos que Oil Combustibles debía pagar al organismo fiscal por un total de 8 mil millones de pesos.

En octubre de 2016, el fiscal Gerardo Pollicita pidió el procesamiento López, De Souza, de Echegaray y de otras 19 personas "por el delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública". En la causa se investiga a diversos exfuncionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) -que ocuparon cargos durante el kirchnerismo a las órdenes de Echegaray- por posibles maniobras para favorecer "ilegítimamente" a los empresarios de la firma Oil Combustibles S.A, perteneciente al conglomerado Indalo, presidido por Cristóba.

La causa

Durante cuatro años, durante el kirchnerismo, el empresario K no le giró ni un peso a la AFIP. La multimillonaria deuda empezó en 2011 y funcionó a través de la red de estaciones de servicios de OIL Combustibles. Por ley el 26% de cada peso que se recauda por la venta de combustibles corresponde al ITC.

Las empresas debían girarlo al organismo recaudador, en ese momento a cargo de Ricardo Echegaray, pero la compañía de López no lo hizo. Esos fondos, se sospecha, fueron usados para capitalizar sociedades de Indalo.

Según el expediente, la Afip se prestó a irregularidades en el otorgamiento de planes de facilidades de pago respecto del Impuesto a los Combustibles Líquidos que dicha firma debía ingresar al Fisco y que, en cambio, utilizó para expandir y capitalizar el conglomerado económico Grupo Indalo".

En concreto, se los acusa de adeudar 8.000 millones de pesos argentinos (alrededor de 454 millones de dólares). Los hechos investigados van de mayo de 2013 a diciembre de 2015, cuando Echegaray abandonó la cabecera de la Afip por el cambio de Gobierno.

"En connivencia y de forma coordinada, (los funcionarios imputados) incumplieron los deberes a su cargo -por acción en algunos casos y mediante omisión en otros- y con sus intervenciones permitieron que Oil Combustibles postergara indefinidamente el pago en forma irregular -acumulando deuda-", acusó Pollicita en su dictamen.

La investigación, cuyos imputados ya prestaron declaración ante el juez, se inició en 2008 a partir de una denuncia realizada por la diputada Elisa Carrió por presunta asociación ilícita contra el expresidente Néstor Kirchner, fallecido en 2010, funcionarios de Gobierno y un grupo de empresarios, entre ellos López, De Sousa y Lázaro Báez, este último detenido desde hace año y medio en otra causa por presunto lavado de dinero.

No obstante, López está afectado en otras causas, principalmente por presuntas irregularidades en la concesión de obra pública durante el Gobierno de Fernández.

Es así que junto a Báez y la propia exmandataria está acusado de formar una asociación ilícita por los supuestos negocios irregulares cometidos en torno a esas concesiones.