Corrupción en la obra pública: Cristina Kirchner pidió ir a juicio oral y público

La defensa de la expresidenta Cristina Kirchner pidió ante la Justicia que pase a juicio oral y público la causa por corrupción en la obra pública en Santa Cruz, con el obvjetivo de lograr "el esclarecimiento definitivo de los hechos". En el caso se investiga el supuesto direccionamiento de los contratos en favor del detenido empresario Lázaro Báez, favorecido con $ 46.000 millones en contratos durante el kirchnerismo.

Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, impulsores de la causa, ya le habían hecho el pedido de elevación a juicio al juez federal Julián Ercolini. El proceso abarca entre otros, además de Cristina y Báez, a los detenidos exministro de Planificación Julio De Vido y su exsecretario de Obra Pública José López, por asociación ilícita y fraude al Estado.

La presentación la hizo el abogado de la actual senadora de Unidad Ciudadana, Carlos Beraldi, luego de que Ercolini le corriera vista de la solicitud de los fiscales y los querellantes de elevar el caso. "Teniendo en cuenta las características de este sistema procesal, que no contempla vía recursiva respecto de un eventual auto de elevación a juicio oral, entiendo que el tránsito de estas actuaciones a instancia de oral ya se encuentra definido", indicó el abogado en su presentación.

En un texto de tres páginas, el abogado de la exmandataria se mostró de acuerdo con que el caso pase a la instancia oral y pública e indicó que en esa instancia "se harán los planteos correspondientes con el propósito de lograr el esclarecimiento definitivo y público de los hechos".

El abogado criticó los dictámenes presentados por "los órganos dependientes del poder Ejecutivo (Oficina Anticorrupción y Unidad de Información Financiera) porque "encierran y consolidan aún más todos los vicios y arbitrariedades que fueron puntualizados" durante el proceso judicial.

La causa

En esta investigación Cristina fue procesada por asociación ilícita junto con Báez, De Vido y López, entre otros, por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante la gestión kirchnerista. En la causa se investigan 52 contratos por $ 46 mil millones que habrían sido direccionados a cambio del pago de coimas que se investigan en otras causas por lavado de dinero.

Cristina está procesada por la "conformación de una asociación, que habría funcionado al menos entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz". Báez recibía obra pública a través de sus empresas Austral Construcciones, Kank y Costilla SA y de la "Sucesión Adelmo Biancalani".

Pollicita y su Mahiques hablaron de una "operatoria criminal" de parte de la actual senadora para montar "una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos".

Ercolini está a cargo de esta investigación que, según directivas ya dadas por la Cámara Federal porteña, en un futuro podría elevarse a juicio oral como parte de una megacausa, junto a las que tramitan el supuesto pago de sobornos a la expresidenta y su familia a través de falsos alquileres de plazas hoteleras y propiedades en dos de sus sociedades: Hotesur y Los Sauces.

La expresidenta además está procesada como jefa de una asociación ilícita en la causa Los Sauces y es investigada por lavado de dinero en Hotesur, por presunto cobro de coimas de parte de Báez y Cristóbal López a partir de alquileres de hoteles de esa sociedad familiar, a cambio de otorgarles beneficios de parte del Estado.

Por lo pronto Cristina ya se enfrentará un juicio oral, porque ya fue elevada la causa por irregularidades en la venta de dólar futuro, con fecha de inicio a determinar, en un proceso que estará a cargo del Tribunal Oral Federal 1.