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Harán un relevamiento de beneficiarios de planes sociales en las escuelas

El Frente Gremial no está de acuerdo que personal “no titularizado y no registrado en las juntas de Clasificación Docente” se desempeñe en las aulas.

A partir del 22 de febrero iniciará un relevamiento para determinar la cantidad y función que cumplen los beneficiarios de planes sociales oficiales en todas las escuelas.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 01/02/2018 09:15
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El espacio que nuclea a los sindicatos docentes adelantó que a partir del 22 de febrero iniciará un relevamiento para determinar la cantidad y función que cumplen los beneficiarios de planes sociales oficiales en todas las escuelas.

Según manifestaron hay “preocupación” ante la desvalorización del docente y “las situaciones que puedan afectar a los alumnos”.

El secretario General de UTEP, Ernesto Blarasín sostuvo que durante 2018 mantendrán la misma postura que el año pasado: “Se perfila la continuidad de lo que ya hemos planteado, ahora vamos a dimensionar con precisión lo que ocurre”.

Meses antes de las elecciones de 2017, el Gobierno sumó al Estado cerca de 80 mil personas a través de los programas sociales. Cientos de ellos, según estimaciones extraoficiales, fueron ubicados en las escuelas.

El Frente Gremial no acepta que dicten clase y expuso las razones.

El principal motivo radica en que los docentes que ocupan cargos en las instituciones, están convalidados por las juntas de Clasificación, según lo establece la legislación.

En los casos de quienes forman parte de los programas sociales “no están registrados en la junta” y “tampoco son designados por el ministerio de Educación”.

“Nosotros tenemos un estatuto que ordena cómo se ingresa al sistema. Es la única forma de estar frente a los alumnos y en muchos casos no poseen título docente y en caso de tenerlo, no están inscriptos en la junta”, explicó.

“No vamos en contra del trabajo de nadie, pero creemos que la escuela tiene una responsabilidad muy grande sobre la gente que ingresa. Al entrar tanta cantidad de personas de manera arbitraria para que tenga contacto con alumnos, en especial en lo que hace a su cuidado, la institución queda comprometida”, aseguró la secretaria Gremial de Sadop, Raquel Acosta.

Consideró que “es una traba” para quienes realmente se forman para educar y en ese sentido instó a “revalorizar a los docentes”.

“Yo no puedo operar porque no soy médico, entonces zapatero a su zapato, cada uno con lo que le toca, el que no es docente no puede estar en una institución educativa”, planteó.

Blarasín anticipó que no aceptarán que los beneficiarios ingresen a las aulas.
“Uno para poder dar clases debe tener un título, por eso hablamos de la profesionalización de la docencia”, añadió.

“Se les ha ido de las manos la situación y hay casos más difíciles como en el interior, donde los intendentes mandan gente a las escuelas”, aseveró.

Tuvo en cuenta que en muchos casos “ni siquiera participa el ministerio de Educación (en la derivación a los establecimientos)” y ello provoca que no exista información de las personas convocadas.

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