Debutó el Pacto Fiscal: cómo le fue a cada provincia en el reparto de enero
En su edición de hoy El Cronista publicó un informe que refleja que todos los distritos recibieron más recursos. San Luis, la única jurisdicción que no firmó el Pacto, fue la que menos porcentaje subió.
San Luis, fue la única jurisdicción que no firmó el Pacto.
En el primer mes del año, la totalidad de los distritos recibieron por coparticipación y leyes especiales, en conjunto, $78.554 millones, una suba del 36,6% respecto al envío de fondos durante el mismo período del año anterior, dice un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), escribió hoy Leonardo Villafañe en el periódico especializado.
El mes pasado fue el del debut del “Consenso fiscal” que alcanzaron Nación y provincias, una de las tres patas del paquete de reformas que lanzó el Gobierno tras el triunfo electoral de octubre, que incluyó también la Reforma Tributaria y la convulsionada Reforma Previsional.
En el primer mes del año, las provincias recibieron por coparticipación y leyes especiales, en conjunto, $78.554 millones, una suba del 36,6% respecto al envío de fondos durante el mismo mes del año anterior, dice un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
Además de que fue el primer mes de aplicación del acuerdo, enero también tuvo la particularidad de que se entregó una compensación a las jurisdicciones que sancionaron el Consenso, en un monto equivalente a la disminución efectiva de recursos resultante de la eliminación del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y del destino de la recaudación total del Impuesto al Cheque a la ANSES. Fue de $776,9 millones. Esto significa que la coparticipación neta de compensación se ubicó en $77.777 millones.
Por lo tanto, de no haber existido este monto compensatorio el incremento en la coparticipación hubiese sido del 35,2% en lugar de 36,6%. Otro aspecto puntual para el mes pasado -señalado por el IARAF- es que debería haberse producido la reducción del porcentaje de participación de C.A.B.A. en los impuestos coparticipables, de forma tal de mantenerla en condiciones de igualdad con el resto de las provincias. Pero esto aún no sucedió , por lo que se espera que próximamente se firme una reglamentación que lo actualice de manera retroactiva al 1 de enero.
En este contexto, las jurisdicciones que más montos recibieron fueron, previsiblemente, CABA y la provincia de Buenos Aires, pero a la vez fueron las que más suba porcentual obtuvieron. La Ciudad recibió $3.889 millones, con un incremento de 59% en relación a igual mes del año pasado y el distrito que gobierna María Eugenia Vidal obtuvo 11.070 millones, con una mejora de 50,5%.
En todos los casos, para tener una dimensión real de la suba, debe tenerse en cuenta que la inflación en el período estuvo cerca del 25%, aunque la pertinencia de desagregarle el aumento de los precios es relativa a qué, en realidad, lo que cambió, y es objeto del análisis del IARAF, de enero de 2017 a enero de 2018, fue la estructura de la distribución y los criterios con los que se hace.
Por debajo de Capital y provincia, los restantes distritos obtuvieron incrementos que van de 38,8% que mejoró Catamarca, la primera del lote siguiente a los distritos que más mejoraron, al 29,1%, que obtuvo San Luis, la que menos porcentaje subió, aunque al mismo tiempo se trata de la única que no adhirió. Entre las que sí adhirieron, la que menos subió sus ingresos por coparticipación fue Santa Fe, con 29,9%. El problema con Santa Fe es que está entre las provincias que adhirieron pero que aún no lograron la aprobación del Pacto en sus legislaturas. Esta provincia, por esa cuestión, se perdió de recibir 1040 millones, una “magnitud de penalización”, según la categoría que usa el IARAF, de 3,1%.
En total, las nueve provincias que aún no aprobaron en sus legislaturas el consenso se perdieron de recibir 6186 millones en total, con porcentajes de penalización que van, de 8,6% en el caso de Corrientes, a 1,1%, el caso de La Pampa. “Dada la magnitud de la pérdida, es lógico el apuro por la sanción de parte de las jurisdicciones que todavía no lo han hecho. Seguramente se buscará el acuerdo político necesario con la oposición de cada provincia para que la sanción se logre lo antes posible”, evalúa el trabajo del IARAF. En coincidencia con esa mirada y justo hoy, en paralelo a la publicación de este informe, La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó, y giró luego al Senado, la ratificación del consenso. Las provincias que no han logrado el aval legislativo en su propio distrito son Corrientes, Santiago del Estero, Chubut, Jujuy, la propia Mendoza, San Juan, Santa Fe, La Rioja y La Pampa.
Todo el análisis y los cálculos del IARAF para su informe se hicieron teniendo en cuenta la coparticipación sin “leyes especiales”, respecto de las cuales se aclara que deberían entenderse, entre otras, la de “Financiamiento Educativo; Transferencia de Servicios Ley Nº26.075; Imp. s/ Bienes Personales (Ley Nº 24.699 y Ley Nº 23.966 Art. 30)”.
El Pacto Fiscal, técnicamente denominado “Consenso Fiscal”, fue suscripto el 16 de noviembre de 2017 entre el Estado nacional y los representantes de 23 de los 24 distritos del país, con excepción de San Luis. La propuesta de Consenso incluyó la reforma tributaria, la ley de Responsabilidad Fiscal, el desistimiento de los juicios contra el Estado y la solución al conflicto por el Fondo del Conurbano Bonaerense.
La Cámara de Diputados convirtió el Pacto Fiscal en ley la madrugada del 22 de diciembre. El acuerdo implicó, entre otros puntos, el compromiso de las provincias para bajar “impuestos distorsivos”, como Ingresos Brutos y Sellos, por 1,5% del PBI en los próximos cinco años. También incluyó la derogación, desde el primero de enero de 2018, del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que establecía que un porcentaje de lo recaudado por ese tributo se destinaba a la provincia de Buenos Aires. Ahora, en lugar de ese aporte que establecía un “techo”, Buenos Aires recibirá una compensación por lo que dejó de percibir. La provincia también aceptó retirar de la Corte su reclamo por del Fondo del Conurbano.