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El Gobierno promoverá un proyecto para encarcelar a los que violen la orden de restricción

La intención es reformar el Código Procesal Penal. La sucesión y gravedad de casos ocurridos en la provincia en enero parecen haber encendido la luz roja.

En enero se registraron varios casos de trascendencia pública.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 12/02/2018 08:24
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El ministro de Gobierno, Eduardo Mones Ruiz “trabaja en un proyecto” de ley, según adelantó este domingo la propia cartera a través de su página de Facebook.

La idea es agregar un inciso al artículo 510 del Código Procesal Criminal que determina los requisitos para dictar la prisión preventiva. A “los motivos ya existentes sumarle el no cumplimiento de una orden de restricción, que debe estar vigente y debidamente notificada”, explicó el funcionario y señaló que “en este aspecto los organismos involucrados deberán establecer un mecanismo”.

“Las provincias pueden dictar sus propios códigos de procedimientos, que son las herramientas procesales que tienen los magistrados para aplicar la ley y eso buscamos para combatir los incumplimientos a las órdenes judiciales. Una vez que la Justicia da una orden, hay que cumplirla. Y si no se lo hace, pone en riesgo a las personas”, dijo Monez Ruiz.

El ministro Mones Ruiz el fin de semana en el Festival de la Empanada Artesanal en El Morro.

Las declaraciones del funcionario fueron acompañadas por un dato, pero no se aclara si corresponde a la provincia o es nacional: 3 de cada 10 denunciados por violencia de género violan las restricciones, no se cumplen.

La publicación oficial del ministerio de Gobierno da cuenta además que en la Argentina en 2017 “una mujer fue asesinada cada 29 horas, en el 18% de los casos habían denuncias previas, y sobre un 12 % había ordenes de restricciones no cumplidas”. A nivel provincial oficialmente no se han dado a conocer las estadísticas.

El actual Gobierno creó en diciembre de 2015 un oficina con rango de ministerio. Se trata de la secretaría de la Mujer #Ni Una Menos.

En el primer mes del año se registraron varios casos que tuvieron trascendencia pública a partir de las publicaciones de los medios periodísticos.

Los dos más impactantes ocurrieron en Quines. En las primeras horas de 2018 un comisario golpeó a su pareja e intentó matarla arrojándola a un canal con agua. El segundo caso fue un femicidio que conmocionó a la opinión pública provincial. El atacante luego se suicidó.

El 4 de febrero El Chorrillero publicó que en Potrero de los Funes un hombre le dio una brutal paliza a su pareja que había desistido de la orden de restricción.

Ahora el Gobierno impulsa un proyecto que será sometido a consideración de la Legislatura, que iniciará su iniciará la actividad regular el 1 de abril. El ministerio no anticipó si se convocará a sesiones extraordinarias para tratarlo.

“No hay antecedentes en todo el país de una reforma de estas características, si hay jurisprudencia que considera que la violación a la prohibición de acercamiento es un delito, en los términos del artículo 239 del Código Penal llamado ‘desobediencia a una orden judicial´”, completó el posteo oficial.

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