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La Nación acordó con 7 provincias agilizar las deportaciones de inmigrantes con antecedentes penales

El Gobierno endurece su política en materia de controles migratorios. En San Luis hay dos extranjeros en condiciones de ser deportados.

En San Luis hay dos extranjeros en condiciones de ser deportados.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 14/02/2018 08:00
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La Nación busca acelerar la deportación de los extranjeros que cometan delitos, los reincidentes y prohibir el ingreso de aquellos que ya tengan una causa judicial abierta en el país.

Ya suscribió un protocolo de acción con seis provincias: Salta, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, La Pampa y Santa Cruz.

“La idea es ofrecerles a los actores fundamentales de los procesos de decisión, que son los procuradores, las herramientas que tiene Migraciones, que son muchas. Todos los fiscales con causas con extranjeros en conflictos con la ley nos pueden pedir información. Nosotros tenemos todo en nuestras bases de datos y en tiempo real”, declaró a Infobae el director de Migraciones, Horacio García.

A esos distritos se suma Buenos Aires, que suscribió el mismo acuerdo a finales de enero de este año.

La idea de la Casa Rosada es avanzar con todos los procuradores de las provincias y las justicias provinciales en un protocolo “que permita generar procesos de información más fluidos” para acelerar la deportación de extranjeros que ingresan a la Argentina con antecedentes penales en sus países. Y también avanzar en la erradicación de inmigrantes que tengan condena firme.

Este convenio fue suscripto entre el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; la dirección de Migraciones; representantes del Consejo de Política Criminal de la República Argentina y el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina.

Entre otros puntos, el acuerdo establece que Migraciones se compromete a organizar y dictar cursos de especialización sobre normativa aplicable al proceso de admisión de extranjeros y control de permanencia en territorio nacional, principales maniobras delictivas detectadas que se encuentren vinculadas al ingreso y/o egreso de personas al país, análisis de casos prácticos y jurisprudencia en la materia y problemática de su gestión en sede administrativa y judicial.

Esta medida viene a complementar el Decreto 70/2017, firmado por el presidente Mauricio Macri para acelerar la expulsión de extranjeros acusados de la comisión de delitos, algo que causó revuelo en enero de 2017, porque deportar a un extranjero del país no es algo jurídicamente fácil; por ejemplo, en los casos de delincuentes comprobados y de alta peligrosidad.

Sin embargo, y según informó García a Infobae, desde la firma de este decreto, 490 extranjeros fueron deportados. “Tenemos que armar toda una infraestructura. No es de un día para el otro, porque cada deportación se trabaja de manera individual. Además, este año se realizará el G20 en el país y tenemos que estar preparados”, indicó el funcionario.

En el Ejecutivo advierten que Argentina sigue siendo uno de los países más receptores de inmigrantes en Latinoamérica. “Nuestra política es inclusiva con inmigrantes que vienen a conocer Argentina, a trabajar y a estudiar. Lo que queremos es ser exclusivos con los delincuentes, los narcos y las mafias”, enfatizó a este medio un funcionario.

La situación de San Luis

La directora de la delegación San Luis, Melina Maluf ante la consulta de El Chorrillero, señaló que “la idea (de la Nación) es avanzar con todas las provincias”.

-¿El Gobierno de San Luis quiere firmar?

“No tenemos información, es muy reciente. Seguramente vamos a ir avanzando. El director Nacional de Migraciones tiene prevista una visita a San Luis el 19 de abril, quizás se propicia la ocasión para marcar la agenda”, respondió la funcionaria.

Maluf indicó que en San Luis “hay dos extranjeros” en condiciones de ser deportados. Uno de ellos a fines de este año cumple la mitad de la condena. El segundo pidió el beneficio.

En la provincia hay “aproximadamente 11 extranjeros detenidos” en el Servicio Penitenciario, de acuerdo a un relevamiento realizado en 2017.

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