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Gustavo Valenzuela, publicista de Adolfo R. Saá,  devolverá $2,6 millones para evitar un juicio por estafa

Acorralado por la Justicia de Chubut, el histórico asesor se vio obligado a reintegrar la plata al Estado. Ahora junto a Daniel Taito maneja la pauta y la estrategia de comunicación del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá.

Taito y Valenzuela administran la pauta y estrategia de comunicación del Gobierno de San Luis.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 23/02/2018 09:35
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El empresario publicitario que en la provincia patagónica es llamado Gustavo Valenzuela Linage, fue investigado junto a otros dos funcionarios chubutenses y la propietaria de una consultora también vinculada al Gobierno de San Luis, Graciela Adam.

Fue imputado por el delito de “administración fraudulenta: sobreprecios y contrataciones directas en servicios de publicidad” en el Banco Chubut.

Las irregularidades se cometieron durante la gestión de Taito como secretario de Medios de Martín Buzzi que gobernó la provincia en el período 2011-2015.

La investigación la encaminó el Ministerio Público en 2016. El lunes 20 de febrero el diario La Jornada publicó que Valenzuela Linage tuvo que devolver el dinero para no ser enjuiciado.

Según medios patagónicos, desembarcó en Chubut de la mano de Taito, sobrino político del fallecido exgobernador, Mario Das Neves.

Hasta ahora el escándalo en el que está envuelto el influyente asesor del Gobierno puntano prácticamente no tuvo repercusión en San Luis.

En los años ´90 Valenzuela se transformó y luego se consolidó hasta estos días como uno de los más estrechos y decisivos colaboradores de Adolfo Rodríguez Saá. Fue el secretario de Medios en la sombras y administró discrecionalmente los recursos de la pauta publicitaria, que en los hechos tiene carácter de “fondos reservados”.

Además del vínculo con los medios de San Luis, distribuyó con amplias facultades la publicidad del Gobierno puntano en la prensa nacional.

Publicación de La Jornada.

En 2016 reapareció en unos de los momentos políticos más críticos del Gobierno y en particular de Adolfo Rodríguez Saá. Monopolizó el control de la comunicación oficial y de Compromiso Federal.

Volvió a instancias del expresidente de la Nación. De otra forma no hubiera sido posible que ingresara a Terrazas del Portezuelo porque Alberto Rodríguez Saá “no lo quiere”.

Esta vez en la gestión lo secunda Taíto que fue su jefe en Chubut. Es decir invirtieron los roles.

Taito se hizo conocido para la mayoría de los periodistas de San Luis a principios de 2017. Una mañana de abril dio la orden en un grupo de  WhatsApp de “neutralizar” una nota publicada por El Chorrillero. En lugar de escribir en el grupo de trolls del oficialismo, lo hizo en uno de periodistas que reaccionaron de inmediato frente a la “campaña sucia” que se estaba montando. Diversos medios han dado cuenta que fue imputado por los delitos de fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Valenzuela paga la pauta oficial a los medios a través de su consultora “1810 comunicaciones”.

La publicación del diario La Jornada

Para no ir a juicio, cuatro acusados de fraude al Banco Chubut le devolverán $ 2,6 millones

Cuatro imputados por administración fraudulenta contra el Banco del Chubut, aceptaron devolver el dinero a la entidad para no ser enjuiciados, tras una investigación iniciada por el Ministerio Público Fiscal en 2016.

La reparación fue aceptada por la conducción de la entidad, que recibirá de los imputados 2.600.000 pesos. Dos de los imputados se ofrecieron a abonar el dinero de inmediato para ser sobreseídos a la brevedad, uno 250.000 pesos y el otro, 1 millón. También pagarán los costos que demandó la investigación.

Así la jueza Mirta Moreno, que homologó el acuerdo, aplicó la figura de la “reparación”, prevista en el Código Procesal Penal. La audiencia fue ayer en la Oficina Judicial de Rawson.

El presunto delito era administración fraudulenta: sobreprecios y contrataciones directas en servicios de publicidad cuando el Banco era conducido por el contador Osvaldo Luján –imputado-, durante la gestión del ex gobernador Martín Buzzi. Los otros son Marcelo Ramírez –exgerente general- y los empresarios publicitarios Gustavo Valenzuela Linage, y Graciela Nélida Adan.

Luján ofreció pagar al contado, 250.000 pesos; Valenzuela Linage se comprometió a depositar de inmediato un millón de pesos. Este último reconoció haber sido asesor ad honorem del exgobernador Buzzi. Tras la audiencia Luján y Valenzuela Linage, se hicieron del número de cuenta del Banco para los depósitos, a fin de ser sobreseídos a la mayor brevedad.

Ramírez y Nélida Adam devolverán 1.350.000 pesos en partes iguales y en 10 cuotas. Durante diez meses cada uno deberá depositar 67.500 pesos. La primera cuota deberá ser depositada en los primeros diez días de marzo y serán sobreseídos al abonar la última cuota, en diciembre.

La investigación fue del fiscal Daniel Báez. “Si no se aceptaba esta figura y se llegaba a juicio con el resultado de ser hallados culpables, les correspondía entre 1 y 6 años de prisión. Por no contar con antecedentes hubiese sido de cumplimiento condicional, pero no devolvían el dinero. De esta manera, gran parte del dinero vuelve al Banco. La figura de la reparación se aplica habitualmente, pero no recuerdo que se haya aplicado en cifras de semejante magnitud”.

Los imputados pagarán las costas del juicio. “Son gastos propios de la investigación, como viajes, papelería, viáticos y fotocopias”, explicó.

La causa investigó contratos realizados de forma directa violando el manual de contratación del Banco. Muchos de los trabajos no fueron realizados o se subcontrató a otras empresas, según el parte de prensa del MPF. La denuncia fue del fallecido edil de Puerto Madryn Christian Dames.

Llamó la atención que Graciela Adam comenzó su facturación al Banco con la factura 0002 y solo le prestó servicios a la entidad. Una pericia informática determinó que el Banco modificó archivos de los discos de computadoras una vez que se conoció información sobre las irregularidades y la denuncia.

La consultora cordobesa “1810 Comunicaciones S.A.”, también fue investigada por dos contrataciones directas irregulares. Se descubrió que los estudios fueron realizados por la consultora Delfos S.A., también de Córdoba, tras una subcontratación de “1810 Comunicaciones S.A. “La mitad de las preguntas que se realizaban en dichos estudios no tenían relación con la actividad del Banco, sino que eran encuestas de tipo político. Por ejemplo, se preguntaba si creía que una segunda gobernación de Martín Buzzi solucionaría los problemas de los chubutenses”.

El Banco contrató a “Graciela Adán y Asociados” para realizar un estudio. Fue observado por los síndicos del Banco Miguel Ariet, Gustavo Menna y Rodrigo Gaitán: el informe no cumplía requisitos mínimos. Igual Ramírez autorizó los pagos.

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