El tercer juicio por crímenes de lesa humanidad comenzaría en agosto
La fecha tentativa surgió durante la audiencia preliminar para comenzar a definir la responsabilidad que tuvieron cuatro reconocidos exfuncionarios durante la última dictadura militar.
El exjuez Eduardo Allende, el exfiscal Federal Hipólito Saá, el exteniente de Artillería Alberto Eduardo Camps y el exmédico policial Jorge Omar Caram, ya tienen una posible fecha para afrontar el debate oral donde serán juzgados por “asociación ilícita, privación abusiva de la libertad agravada y tormento”.
Los jueces federales que están al frente del caso (María Paula Marisi y Alberto Daniel Carelli del Tribunal Federal de Mendoza y Julián Falcucci de la provincia de Córdoba) anticiparon que luego de la feria judicial de julio comenzará el juicio.
Lo que se desarrolló en el Juzgado Federal este viernes fue la previa donde las partes, tanto la fiscalía como la defensa de los acusados presentaron planteos al tribunal sobre los posibles testigos y pruebas en general que se utilizarán durante el debate final.
Estuvieron presentes los fiscales que llevan la investigación, Cristian Rachid y Mónica Spagnuolo; el representante de la Asociación Permanente de Derechos Humanos (APDH) y querellante, Norberto Hugo Foresti; los abogados particulares de Hipólito Sáa, María Mercedes Sáa y Juan María Rodríguez Estévez, junto a los defensores oficiales de Allende, Caram y Camps: Federico Reinaldo Pastor y Santiago Bamolde.
Norberto Foresti, de la APDH junto a Cristian Rachid y Mónica Spagnuolo del ministerio Público.
Durante la audiencia, Rachid solicitó que se incorpore a la causa la totalidad de los testimonios del segundo y primer juicio de lesa humanidad que se llevaron a cabo en la provincia.
Sobre esto, en declaraciones a la prensa, dijo que en un plazo de 15 días hábiles deberán analizar “si realmente estamos en condiciones de desistir de alguna de esas documentaciones”.
“No está en discusión que esos testigos vayan a comparecer a debate, salvo que la defensa logre fundamentar que uno de ellos tenga que hacerlo”, señaló.
Además pidió que se incorpore el expediente de la causa contra el excomandante del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, que resultó condenado con prisión perpetua en 2016.
También que se agregue otros contextos y cuestiones relacionadas a esos debates y que se sumen nueve testigos que no declararon todavía.
En este sentido, el Tribunal le pidió a la fiscalía acotar a lo “mínimo e indispensable” la lista de 86 personas que prestaron declaraciones en juicios anteriores y están en material audiovisual.
Por su parte, la defensa de los acusados pidió la nulidad del requerimiento de elevación a juicio que había realizado previamente Rachid, y la citación que había sido firmado por un juez que actualmente no conforma el Tribunal.
Los representantes de los acusados.
Sobre lo último, Rachid afirmó que “era un juez natural” y que “esa citación se hizo antes de que se hicieran la recusaciones, es un mero trámite”.
“No causa perjuicio porque no perjudica a nadie, las dos partes ofrecimos pruebas respecto a esta citación”, agregó.
Los letrados de los imputados anunciaron la incorporación del historiador y docente Néstor Menéndez como testigo “concepto”, el cual fue aceptado. Otro de los pedidos es la acreditación de 125 habeas corpus que se realizaron en esa época para demostrar el actuar de los exfuncionarios del Poder Judicial.
“Lo que la defensa hace es decir que el exjuez hizo todo lo que estaba a su alcance. Pedía el informe sobre una persona y desde la fuerza de seguridad le decían que no estaba detenida, cuando en realidad sí lo estaba”, resaltó.
Sobre esto aseguró que “había muchas mediadas que podían haberse tomado, como ir hasta la dependencia donde estaba esa persona, incluso en los centros llamados ‘alojamientos de victimas por la subversión’”.
Ahora, el Tribunal analizará los requerimientos de las partes y fijará una nueva audiencia para los próximos días.