San Buenaventura: la fiscal pidió la indagatoria y detención del profesor de música

La fiscal Nº 2 Daniela Torres, quien se incorporó al caso San Buenaventura tras la separación de Maximiliano Bazla Cassina, describió los motivos que la llevaron a inferir que el profesor de música cometió el delito.

Especificó que la palabra final la tiene el juez, pero en esta instancia las pruebas son conducentes a sospechar del acusado. En un diálogo que mantuvo el periodista Mario Otero,  en el programa Nada Secreto de Radio Universidad, especificó las principales definiciones de la investigación.

“Después de haber pedido la documental, las Cámaras Gesell que se habían efectuado, observé el material y me basé en esa información, sumado a informes psicológicos y el relato de 15 padres que se presentaron”, fundamentó en torno al pedido de detención.

Además explicó que la medida permitirá “llegar a la verdad y evitar que se entorpezca la investigación”.

Sostuvo que “hay otros padres” que no quisieron que sus declaraciones fueran tomadas en el caso, y en ese sentido desconoce las razones. Asimismo resaltó que de acuerdo a las pruebas con las que cuenta hasta el momento, puede constatar que los vejámenes sucedían en presencia de los pequeños.

“Por esa razón voy con el delito de corrupción de menores. Este juego en el que los obligaba a participar, y que si se negaban los amenazaban, se desarrollaba en el aula. No fue un hecho aislado, fue reiterativo”, conceptualizó.

“La corrupción de menores no sólo se relaciona a la obligación de realizar ciertas conductas, sino que se concreta en el hecho de que se observe, se presencie, es la alteración del libre crecimiento sexual de la persona y en este sentido estaban presentes los 30 alumnos. Lo dejo a criterio del juez, pero en mi dictamen explayo estas cuestiones”, añadió.

Bajo la premisa de que en las Cámaras Gesell cuando declara un menor “hay que darle credibilidad”, aseveró que no encontró situaciones para requerir el mismo pedido para el profesor de catequesis, pero en base a los elementos probatorios puede sostener que el imputado habría pervertido a los niños.

En referencia a los elementos tecnológicos secuestrados en la vivienda del profesor de religión, enunció que “todavía no está el informe” ya que los artefactos “se encuentran en delitos complejos”, organismo que desarrolla las pericias.

Torres especificó que el docente de música lo apartaron del cargo “hasta que se dilucide” el hecho, pero al catequista lo despidieron “desde el 31 de enero”. Luego agregó que se pidió un informe al ministerio de Educación para saber si los mismos daban clases en otras instituciones.

“Si el juez da lugar a un procesamiento, con la calificación que sostengo, correrá una inhabilitación para ocupar cargos”, aseguró.

Ahora resta saber si el juez dará lugar al pedido. “Puede emitir un decreto como lo hizo con el doctor Bazla, que fue inmediato”, concluyó.