Concejales de Avanzar y Cambiemos adhieren al pedido de recuperar el Fondo Federal Solidario
El bloque de legisladores presentó ayer un proyecto a través del cual expresó “la importancia” que tiene para la ciudad de San Luis, la aprobación de la ley impulsada por el senador Nacional Claudio Poggi para que los municipios sigan recibiendo el dinero.
Para Guillermo Araujo el proyecto de Poggi “pretende evitar que la decisión” del gobernador Alberto Rodríguez Saá “perjudique las arcas municipales, el nivel de empleo y calidad de vida de nuestros ciudadanos”.
“La iniciativa del actual senador Nacional propicia un mecanismo de excepción que permite conservar esta fuente de financiamiento de obras públicas”, agregó.
“El no adherir al Consenso Fiscal Federal es una pérdida millonaria para los vecinos de San Luis y todos los municipios de la Provincia. El Gobierno Provincial no brinda ninguna compensación por dicha decisión unilateral e inconsulta”, señaló el presidente del interbloque Avanzar y Cambiemos, Javier Suárez Ortíz.
La decisión política de Alberto Rodríguez Saá de no firmar el Pacto Fiscal, le permitió “aumentar desmedidamente las tasas provinciales del 40 al 200%; pero disminuyó los fondos que llegaban a las intendencias sanluiseñas desde las arcas nacionales”, advirtieron desde la bancada.
En el caso de San Luis, la pérdida es de $69.199.250, que impacta en la gestión municipal. Mediante el proyecto de comunicación los tres dirigentes pidieron al Concejo Deliberante que “acompañe el pedido de recuperación de estos fondos” que formalizó Poggi.
“Rodríguez Saá de manera unipersonal no adhirió provocando una pérdida de este recurso municipal de fuente nacional de gran significatividad para San Luis, en contra de los avances y esfuerzos que el Gobierno Nacional y las Provincias llevan adelante para lograr una correcta y equilibrada distribución de los recursos federales”, sostuvo.
“La supresión de este refuerzo presupuestario, repercutirá negativamente en la generación y en el mantenimiento del empleo dado el alto requerimiento de trabajo requerido en la ejecución de la obra pública y las actividades económicas vinculadas”, evaluó Celeste Aparicio.