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Liberaron a los detenidos por la evasión millonaria que involucra a dos automovilistas puntanos

El fiscal Federal Cristian Rachid confirmó la medida que se dio por no encontrarse “los elementos suficientes” para formular una imputación.

Por la causa, se realizaron 10 allanamientos en domicilios de la provincia y siete afuera de ella.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 17/03/2018 10:43
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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó una asociación ilícita que habría facturado operaciones inexistentes por la suma de $1.400.000.000 y la evasión fiscal alcanzaría los $700 millones. Al menos dos automovilistas de San Luis estarían involucrados y son investigados.

Por la causa, había dos detenidos. Esta tarde, Rachid dictaminó “a favor de la excarcelación”, mientras continúa la investigación y el desarrollo de las pruebas.

“Hasta el momento no tengo los elementos suficientes como para formular una imputación e indagar a nadie porque necesito las pruebas que están pendientes de recabar, y establecer si han participado esas personas y otras más en los delitos que se han denunciado por AFIP”, explicó.

La Justicia Federal investiga “una supuesta organización” que se dedicaba a la creación de contribuyentes ficticios (físicas o jurídicas) para luego inscribirlas y crear una actividad falsa en la AFIP.

De esa manera, según explicó, se simulaba la existencia de una actividad comercial: “Emitían facturas apócrifas que eran usadas por terceros y les permitían simular gastos para después descontar de sus propios impuestos”.

Remarcó que esa era “básicamente la maniobra de venta de IVA como se conoce en la jerga callejera”.

La causa se inició a finales del año pasado a raíz de una denuncia que realizó la misma AFIP por información que extrajeron de la base de datos.

“Detectaron que hay un grupo de personas que no tienen estructura real que se condiga con lo que declararon, que están facturando millones de pesos y que esas boletas van a parar a manos de contribuyentes que están diseminados a lo largo de todo el país”, sostuvo Rachid.

Por ese motivo, el Juzgado Federal de San Luis, a cargo de Juan Esteban Maqueda autorizó que se realizaran 10 allanamientos en la provincia y siete fuera de ella.

En el operativo se secuestró documentación, computadoras, teléfonos celulares y otros elementos que aportarán información a la investigación.

Este tipo de delito tiene una pena que va desde los 3 años y 6 meses a 10 años de prisión para quienes integren la organización criminal, mientras que para el jefe u organizador, la condena es un poco más dura y varía de entre 5 a 10 años.

“Por el tipo de delito, claramente hacen falta integrantes que se ocupen de inscribir a una persona y realizar las declaraciones juradas para mantener la apariencia de que esa persona realmente existe como contribuyente y a su vez otro grupo que haga el papeleo, otro que venda facturas, otro que se encargue de las cobranzas y demás. Esto es como una empresa criminal”, concluyó.

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