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Por la inundación en La Ribera, le apuntan al Gobierno por la obra de La Pedrera

El juez en lo Penal, Leandro Estrada dio lugar ayer a una serie de peticiones y ordenó que organismos de la gestión de Alberto Rodríguez Saá aporten documentación sobre la construcción del megaparque villamercedino.

El 26 de febrero de 2017 un temporal hizo estragos en el complejo urbanístico que quedó tapado por agua en un 25%.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 22/03/2018 19:28
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A poco más de un año de la investigación que promovieron un grupo de diputados y concejales opositores para determinar la responsabilidad del Gobierno, el municipio y las empresas, la causa registró su primer movimiento.

El magistrado manifestó que los escritos no fueron proveídos en “tiempo y forma” porque “se encontraban traspapelados en el despacho, en el casillero de consultas”.

El 26 de febrero de 2017 un temporal hizo estragos en el complejo urbanístico que quedó tapado por el agua en un 25%. La causa fue la obstrucción de un desagüe por parte de las empresas que construían La Pedrera.

El temporal hizo estragos en las viviendas.

A los pocos días se formalizó una presentación en sede penal. La hicieron los diputados Walter Oio, Elena Pastor y Ricardo Lemme junto a los concejales Claudia Pereyra, Carlos Andreotti y Germán Aime; el juez de Instrucción Penal Nº 2 Leandro Estrada, dio lugar ahora a las peticiones.

Los requerimientos apuntan al Gobierno, en particular al ministerio de Obras Públicas a cargo de Felipe Tomasevich y a Vialidad Provincial que es dirigida por Daniel Bassi. También se pidió información a la gestión de Mario Merlo.

Lumma y a la Unión Transitoria de Empresas, conformada por Rovella, Alquimac y Green, intervinieron en la ejecución del proyecto.

La obra de La Pedrera generó la obstrucción en el desagüe.

De acuerdo a las medidas que los legisladores solicitaron se llegaría a la conclusión sobre la carátula del caso, es decir, si se trató de un estrago culposo o doloso, pero por una dilación de la Justicia hasta el momento no se determinó.

El concejal Carlos Andreotti indicó en diálogo con este medio que mediante la vista que se proveyó a la agente fiscal, “la Justicia entendió que existe la posibilidad de la comisión de un delito y que por ello decidió investigarlo”.

Según especificó, uno de los desagües se tapó con cemento y tierra durante las lluvias que se dieron entre el 26 y el 28 de febrero del año pasado. Ello causó que se inundara la zona.

El Gobierno provincial deberá aportar documentación sobre la construcción.

En ese sentido, los legisladores observan dos responsabilidades. Por un lado “el estrago culposo o doloso de las empresas ya que por acción del hombre se produjo una situación que puso en riesgo a las personas”.

Por otra parte, un grado de culpabilidad del Estado ya que para los denunciantes, la obstrucción se produjo “por falta de cumplimiento en los deberes de funcionarios públicos”.

¿Qué se pidió y qué ordenó la Justicia?

Los diputados y concejales le pidieron al Gobierno que acompañe los pliegos correspondientes para saber si se preveía la intervención de los desagües.

Además se busca conocer si existe un seguro de caución por daños virtuales y cuáles fueron los estudios ambientales previos a los trabajos en La Pedrera.

Por otro lado se solicitó al ministerio de Obras Públicas un informe sobre empresas adjudicatarias, en particular el sector del autódromo, sumado a aquellas subcontratadas y los responsables del control de la edificación.

A la Municipalidad se le requirió un esquema de las llamadas telefónicas concretadas al sistema 147 en las que pidieron ayuda por la inundación. También detalles de la secretaría de Obras Públicas para corroborar si se autorizó la anulación del desagüe y si desarrollaron un relevamiento de los daños.

A Vialidad Provincial le pedirán información sobre la posibilidad de haber movilizado máquinas para la liberación de los canales.

Los vecinos vieron dañadas sus pertenencias.

La dilación judicial

Andreotti manifestó que de ahora en más, habrá un lapso de aproximadamente 20 días en los que el informe deberá estar terminado. En ese sentido destacó que pedirán otras medidas probatorias para ampliar la investigación y para que los damnificados puedan dar sus testimonios.

En cuanto a los tiempos de la Justicia aseguró que hubo “una clara dilación”: “La excusa fue que los expedientes se habían traspapelado en un casillero de consulta”.

“Ningún juez tiene un expediente en consulta por más de un año, el tiempo prudencial hubiese sido de hasta 20 días (con justificación) y 10 días hábiles teniendo en cuenta el código de procedimiento”, agregó.

Por último indicó saber “lo que cuesta investigar el poder de turno en esta provincia, cuando hubo negligencia en la contratación de obra pública por parte del Gobierno provincial y municipal, y cuando se indagan a las empresas que son las grandes beneficiarias”.

 

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