San Luis tiene el impuesto Automotor más caro de la Argentina
Las cifras secas y certeras revelan una realidad irrebatible y al mismo tiempo una necesidad: el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá cobra las patentes más caras del país.
Los números que ubican San Luis en lo más alto del ranking se desprenden de un relevamiento que hizo www.elchorrillero.com en las provincias.
Se sitúa en el pináculo porque aumentó un 40% los tributos y creó “el impuesto contra la pobreza” que se recaudará desde este mes cobrando un 10% extra en patentes.
Ranking provincial.
El impuestazo auspiciado por el Gobierno en el caso de Automotores, contempla una actualización de entre el 40% y el 200%.
El sondeo incluyó a las llamadas provincias grandes y también a jurisdicciones vecinas. Se tomó como muestra dos de los vehículos más vendidos en 2017. En ambos casos los valores que cobra San Luis superan al resto de los distritos.
El Renault Sandero 1,6 y la Toyota Hilux en su versión 2,8 ,4 x2, fueron los que se utilizaron como ejemplo en base a un valor de $257.000 y $873.400, respectivamente.
En San Luis por el auto de la marca francesa se tributa $8481. Le siguen Capital Federal ($8224), La Pampa y Mendoza ($7710), San Juan ($7068), La Rioja ($6425) y Santa Fe ($5911).
En el caso de la Hilux, una herramienta de trabajo líder en el sector agropecuario, se repite el panorama. En territorio puntano este año tributará $45.155 y en la Ciudad Autonóma de Buenos Aires $39.303, es decir casi $5900 menos.
Después aparecen La Pampa y Mendoza, $26.202; San Juan ($24.019), La Rioja ($21.835) y Santa Fe (17.468).
Córdoba merece un párrafo especial porque cobra tanto el Estado provincial como los municipios. Aún con el doble gravamen está por debajo de San Luis.
En momentos que en el orden nacional se avanza hacia la reducción de la carga impositiva, la provincia va a contramano.
El Consenso Fiscal que firmó el presidente de la Nación, Mauricio Macri con todos los gobernadores a fines de 2017, salvo Alberto Rodríguez Saá, justamente fija metas como la eliminación progresiva de impuestos. (Uno de los tributos que se proyecta suprimir es Ingresos Brutos que San Luis se resiste a hacer desaparecer de su estructura tributaria).
La gestión del gobernador apostó al “impuesto a la pobreza” después de las elecciones para reforzar el tesoro. Con el respaldo de sus diputados y senadores se aprobó a fin de año la Ley Impositiva Anual.
El impuestazo fue la fórmula para hacerse de fondos para pagar las deudas que surgieron del proceso electoral. La principal obligación que adquirió el Estado es de orden social: se trata de los 80 mil beneficiarios de los distintos planes de contención.
Del “muro” que impulsó en 2016 con la creación del Registro de Empleo Puntano para “proteger” a los sanluiseños, el Gobierno pasó al otro extremo al redoblar la presión tributaria sobre los mismos ciudadanos a los que dos años antes planificaba escudar.