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La Nación incluirá barrios y asentamientos de San Luis en un plan de expropiación para hacer dueños a sus habitantes

La idea del Gobierno nacional que alcanza a todo el país, es darles los títulos de propiedades a los habitantes de los hogares. En el caso de la provincia son 23, divididos en 12 en la ciudad de San Luis, siete en Villa Mercedes y cuatro en Juana Koslay.

El asentamiento La República está ubicado en la zona oeste de la ciudad de San Luis.
Actualizada: 13/04/2018 02:27
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La propuesta del Gobierno se materializó en un proyecto de ley presentado ayer en la Cámara de Diputados por Mario Negri, Elisa Carrió y Nicolás Massot.  De los 4228 barrios y asentamientos registrados, 23 están en la provincia, emplazados en las tres ciudades.

La iniciativa tiene en cuenta a los hogares que integran el “Registro Nacional de Barrios Populares”, que presentan graves deficiencias de infraestructura.

En la capital puntana integran esta lista el barrio La República (el más extenso en territorio), el 1° de Mayo, 9 de Julio, Quinto Centenario, La Merced, Estrella del Sur, dos zonas del predio Ferrocarril ubicados por Europa entre Bolivar y avenida España, Santa Rita Anexo, Aeroferro, Los Vagones y La Vecindad.

En Villa Mercedes fueron identificados los barrios Ciudad Jardín 1 y 2, Eva Perón 2 Anexo, El Cruce, San José, Güemes y un área ubicada en la intersección de las calles Amaro Galán y Barreira.

En tanto que en Juana Koslay integran la lista el barrio Las Vegas, Costa del Río, El Bajo y un sector en el ingreso a la localidad por avenida Santos Ortiz al kilómetro 782.

El proyecto de ley impulsa que se declare la utilidad pública y la expropiación de las tierras donde se levantan más de cuatro mil barrios precarios en todo el país, con el objetivo de darles el título de propiedad a sus habitantes.

"Es la transformación más profunda del trabajo que venimos haciendo con las familias más vulnerables", comentó la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley en declaraciones al diario La Nación.

Los barrios y asentamientos de San Luis, Juana Koslay y Villa Mercedes alcanzados por la propuesta.

La cartera de Desarrollo Social afirmó que el 78,5% de los barrios populares tienen baja densidad poblacional, donde viven menos de 150 familias y los trazados urbanos tienden a ser regulares y planificados.

En el 21,5% restante es donde está aglomerada la mayor cantidad de gente, que posee viviendas construidas con materiales precarios.

La recopilación de información comenzó en agosto del 2016. Visitaron todos los asentamientos y realizaron entrevistas con la idea de tener un censo para el proyecto.

Participaron en la iniciativa las organizaciones del sector social Barrios de Pie, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), encabezada por Juan Grabois, Cáritas Argentina y Techo.

Desde la administración pública también colaboró el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Ramón Lanús, con el monitoreo del vicejefe de Gabinete Mario Quintana.

El distrito que lidera en cantidad de barrios precarizados es Buenos Aires con 1623, lo siguen Santa Fe con 333, Chaco con 264 y Misiones con 246. En la otra punta de la lista se ubican Santa Cruz con cinco y La Pampa con cuatro.

Según el diario porteño, desde el Gobierno “confían que el proyecto será acompañado por gran parte de la oposición”. "Nadie se puede oponer… Si alguien vota en contra, queda expuesto a que Macri lo corra por izquierda", señalaron fuentes oficiales.

Una vez aprobada la ley, la Nación tendrá las condiciones de otorgar los certificados de propiedad y darles los títulos para que puedan fijar sus inmuebles en el domicilio.

¿Qué variantes se tuvieron en cuenta a la hora de cotejar los datos?

Son tres en total. Los que cansados de reclamar ante la Justicia por terrenos usurpados desde hace años acepten la oferta, los propietarios que decidan donar las propiedades a cambio de la condonación de deudas por el pago de impuestos y los que rechacen la norma y judicialicen el tema.

En definitiva, el Gobierno visitó 514.850 viviendas y encuestó a 1.938.440 personas, aunque los números no son definitivos, ya que alcanzan solo al 60% de los terrenos a expropiar.

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