Vivienda: el Gobierno cobra un “derecho” de hasta $117 mil por la cancelación anticipada
A un mes del lanzamiento, el promocionado plan oficial prácticamente no genera adhesiones. Para acceder al pago anticipado de las cuotas, se exige a cambio un desembolso que arranca en los $60 mil.
El programa invita a los adjudicatarios a “no perderse la oportunidad” porque además incluye la escrituración “sin costo”.
El Gobierno presentó el plan de 12 de marzo y regirá hasta el 31 de julio.
Los cuestionamientos a la operatoria son innumerables por la creación de un “derecho” que además contempla “cifras inaccesibles”.
En concreto se debe abonar a la par de las cuotas que faltan, los siguientes montos: casa productiva $117.000; Sueño y Progreso $96.000; Los Lapachos $80.000 y viviendas sociales $ 60.000.
Esto significa que aquellas personas que están al día y desean saldar el total podrán hacer la liquidación anticipada, siempre que abonen el plus.
En la presentación del programa, la interventora de Vivienda, Ángela Gutiérrez de Gatto aseguró que se trata de “un valor considerado” y de “una oportunidad espectacular que el gobernador le da a la gente para que puedan estar al día”.
“Una vez que se cancela inmediatamente comienza el trámite para el otorgamiento de la escritura. Esto brinda una seguridad jurídica que la gente pide y desea, y hemos respondido. Es un gran desafío”, señaló la funcionaria.
La gestión de Alberto Rodríguez Saá puso en la mira el año pasado a los adjudicatarios e inscriptos con medidas que incluían el desalojo e incentivaban a renunciar a las futuras casas.
La aproximación de la campaña electoral obligó al Gobierno a frenar el avance sobre miles de beneficiarios que se sintieron perseguidos.
De un día para otro, se abrieron las inscripciones destinadas a distintos sectores de la población que, varios meses después de cerrada la convocatoria, no saben todavía si fueron confirmados ni cuándo comenzará la construcción.
El Gobierno se propuso este año “retomar el círculo virtuoso que caracterizó la política habitacional”, sostuvo Gutiérrez de Gatto.
A partir del 31 de julio arrancará una nueva etapa porque los montos del “derecho” de cancelación se duplicarán.