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Llegan a 200 los trabajadores que ingresaron a los hospitales en plena campaña y ahora los echan

La ola de despidos se extiende a otros centros de salud. Estuvieron ocho meses cumpliendo funciones sin cobrar.

Zabala Chacur, Alberto Rodríguez Saá (h) y Corvalán.
por Daniel Miranda / San Luis
Actualizada: 24/04/2018 21:33
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Tal como lo adelantó hoy El Chorrillero, el Gobierno dejará en la calle a fin de mes a alrededor de 200 trabajadores que se desempeñan en los hospitales de San Luis, Villa Mercedes y del interior. Inicialmente trascendió que eran cerca de 160, pero luego se confirmó que son más.

Hasta ahora no hubo ninguna comunicación oficial por parte de la gestión de Alberto Rodríguez Saá sobre las razones que motivaron la medida.

Tanto las ministras de Salud, Graciela Corvalán y de Hacienda, Natalia Zabala Chacur, como el secretario General de la Gobernación, Alberto Rodríguez Saá (h) que tuvieron intervención, guardan silencio sobre la decisión tomada.

“Es excesivo el nivel de gasto en personal que comprometió Salud, se les fue la mano en la cantidad que tomaron en los hospitales”, fue la justificación que dio extraoficialmente la cartera económica ante algunas consultas en sintonía con la secretaría General.

Los 200 enfermeros, choferes, camilleros, administrativos y ordenanzas fueron incorporados, pero nunca formalizaron la relación laboral con el Estado. A ellos se suman odontólogos y obstetras. Así se sometieron al régimen laboral en San Luis, Villa Mercedes, La Toma, Merlo, Justo Daract, Concarán, Quines, Villa de la Quebrada, Villa General Roca y Nogolí, entre otras localidades.

Fueron compromisos contraídos personalmente por Graciela Corvalán en el momento que la campaña electoral de Adolfo Rodríguez Saá entraba en la recta final, ya que los trabajadores entraron en septiembre y octubre.

En muchos casos las gestiones las hicieron los propios intendentes ante la ministra de Salud.

El secretario adjunto ATSA, Gerónimo Ortíz reconoció hoy que “no hubo recisión porque lamentablemente no hubo un contrato formal”.

Ocho meses después el gremialista admitió además que los empleados se desempeñaron todo el tiempo sin haber percibido sus haberes.

“Sí hubo un preacuerdo suscripto de buena fe por parte de los trabajadores que merecía la homologación del Poder Ejecutivo. Se hicieron los pasos que demanda el proceso administrativo con la economía de cada caso, pero cuando el expediente llegó a la secretaría General lo devolvieron. Además Hacienda (el ministerio) en la segunda vista objetó algo que antes no había cuestionado”, dijo Ortiz que entró en la escena al formular declaraciones al programa La Locomotora de radio Universidad.

El gremialista que pidió una audiencia a Corvalán para plantearle la reincorporación de la gente, cargó toda la responsabilidad sobre Zabala Chacur. Apuntó que “hubo mala fe del Gobierno, precisamente de la ministra de Hacienda”.

En el ministerio de Corvalán dominaba hoy el malestar por el “costo político que está pagando” y sobre todo porque la ola de despidos puede continuar. “No tiene garantías”, dijo un funcionario y señaló que se resintió más todavía “la tirante y casi nula relación” existente con el eje del Gobierno. Se precipitó una minicrisis en el gabinete.

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