El Gobierno va a fondo con el avance sobre los clubes e instituciones

El cuerpo aprobó en la sesión de este martes una iniciativa presentada por el exlegislador Maximiliano Frontera, que declara de “interés social los bienes inmuebles destinados a las actividades deportivas, sociales, recreativas, culturales, que sean propiedad de asociaciones sin fines de lucro”.

Según se especificó en la redacción, mediante la declaración de “interés social” de los bienes inmuebles se dispone la inembargabilidad de los mismos, medida que también alcanza a los aportes nacionales, provinciales y municipales que pudieran percibir los clubes.

Ello abarcará especialmente a quienes han accedido a créditos para aportar a las instituciones, mediante la garantía de sus inmuebles. Pero en el artículo 4 inciso B  establece que los beneficiarios “deberán convenir” con el Gobierno de la provincia “el uso gratuito de sus instalaciones para actividades culturales y deportivas”.

Para la senadora Dominga Torres, la única voz opositora en la Cámara Alta, la iniciativa “esconde” un trasfondo político: “Es un proyecto que está disfrazado, hará perder la autonomía que tienen los clubes y ONG; antes de aprobarlo deberían haberle dado participación a los clubes para que pudieran exponer sus posturas”.

Según explicó, el artículo cuatro “condiciona que para poder realizar un evento de cualquier tipo, se tendrá que hablar con el Gobierno de la provincia”. Además aseveró que la gratuidad de los eventos determina un problema en las finanzas.

“Impacta directamente en el bolsillo del club, quisiera saber si el Gobierno va a responder al pago de los gastos fijos ¿de qué manera se van a subvencionar?”, planteó.

“Para dar un ejemplo, si en el Valle del Conlara se organiza un encuentro de fútbol de unos 7-8 equipos, las comisiones van a querer cobrar una entrada para pagar el árbitro, los trofeos, la luz, los arreglos de cancha, etc. Pero con esta ley ¿de dónde van a sacar los fondos?”, añadió.

Para Torres si el proyecto estuviese acompañado de la posibilidad de mantener la facultad autónoma de las comisiones institucionales “hubiera sido importante”, pero “no lo contempla”.

“Lamento que se avance sobre cada uno de los que trabajan en las instituciones, que lo hacen ad honorem, y entregan sus horas para llevar adelante una institución. No puede ser que se tenga que pedir una autorización para hacer un evento”, completó.